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Cultura bipolar

La seguridad continúa siendo el mayor reto a resolver por parte de los tres niveles de Gobierno, la apología del delito, denostar al pasado y repetir como mantra: “vamos bien” no es sostenible ante los 2,289 asesinatos en junio.

La bipolaridad discursiva enferma comunidad, vida social, cultura, gobernanza, economía, justicia y finalmente al individuo. Compromete el futuro al desechar al adversario que no forma parte de la tribu tachándolo de enemigo. Nos enfrentamos como País al fundamentalismo político anclado en la denostación. El debate constructivo en búsqueda de puntos en común queda olvidado y es reemplazado por argumentaciones obstinadas, intolerantes y destructivas.

La exacerbación ideológica es la constante en las conversaciones públicas donde se confunden valores con posiciones partidistas e ideológicas. En el ejercicio del poder público se perpetúa la práctica de defensa a ultranza cualesquier pronunciamiento de sus liderazgos, por más absurdo que este sea, por más evidencia que exista y por más contradictorio que sea sobre anteriores pronunciamientos. La miopía y en ocasiones ceguera que esto provoca, dificulta las conversaciones públicas de posibilidades, el filtro de la ideología presuntiva del interlocutor en conflicto con la propia, cierra espacios de posibles acuerdos. Los prejuicios no permiten observar la realidad, la verdad se esconde detrás de un marco de creencias sobre el mundo basadas en ideologías y mitos fundacionales de movimientos políticos.

La realidad, al igual que la verdad es compleja, no se viste de blanco o de negro, el negar esta complejidad conduce a la defensa extrema de posiciones insostenibles a la luz de la evidencia. Cuando cada uno tiene su propia verdad, en esas zonas de exclusión donde los datos comprobables no existen, se genera un vacío que rápidamente es ocupado por charlatanes y generadores de odio.

En 1767 el marqués de Croix al anunciar la deportación de jesuitas de la Nueva España advertía:

“De una vez, para lo venidero, deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discutir ni opinar en los altos asuntos del Gobierno”.

Los ciclos de la historia convergen en la antigua sede del palacio virreinal, hoy Palacio de Gobierno.

La cultura del espectáculo en la que se ha convertido la gestión pública, su disfunción y trastorno bipolar tiene costos sociales importantes. La seguridad continúa siendo el mayor reto a resolver por parte de los tres niveles de Gobierno, la apología del delito, denostar al pasado y repetir como mantra: “vamos bien” no es sostenible ante los 2,289 asesinatos en junio, miles de desaparecidos, ausencia de libertad de tránsito, extorsiones, daño, robos y otros delitos. Ante el Congreso, en 1868 Benito Juárez declaraba:

“El Gobierno se esforzará en cumplir el primero de sus deberes, que es mantener la paz con toda la energía de los medios de acción que tenga en su mano y con toda la confianza que deben inspirarle la voluntad y el derecho del pueblo, para que sus mandatarios le den perfecta seguridad en todos los intereses sociales”.

Es la paz, deber primigenio de un Gobierno, hoy olvidado en los hechos.

En materia económica la ausencia de estrategia para crecer, controlar la inflación, crear empleos, revertir déficit en la balanza comercial, cuenta corriente y balance público aunados a la ausencia del Estado de Derecho se reflejan en el poco dinamismo de la economía nacional. Las expectativas de los expertos del sector privado consultados por Banco de México a junio para este 2022 son de un crecimiento en el PIB de 1.77%, déficit en cuenta corriente de 10,728 millones de dólares y déficit de 3.38% del PIB en el balance público con inversión. La deuda del Gobierno federal inevitablemente seguirá creciendo. La pobreza continúa avanzando, las transferencias de programas sociales alivian los efectos, la creación de empleos dignos y acceso a ellos es la única vía sustentable de combate a la pobreza. El sector educativo busca esconder su ausencia en estos dos años de pandemia con una política de calificaciones aprobatorias por decreto con pase automático olvidando que su obligación principal es educar, de nada sirve una calificación aprobatoria y pase automático si la enseñanza no se impartió.

De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, el 86% de la población considera frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción en las instituciones de Gobierno. No basta con autoproclamarse “ser diferentes”, son instituciones y respeto al Estado de Derecho. En 1983 Jesús Reyes Heroles puntualizaba:

“La corrupción en México llegó a niveles inconcebibles. No es anecdótica o circunstancial; tendía a convertirse en regla y los recursos de la Nación, que mediante ellos se desviaban, gravitaban negativamente sobre nuestra magra capacidad de desarrollo y mejoramiento”.

El discurso sigue vigente, no hay voluntad política de combate a la corrupción, sólo ofrecen gradualismo en la construcción de sistemas anticorrupción en México para que todo el peso de la ley recaiga en otro lado, en otro tiempo y en otros colores partidistas.

En Sonora la captura de instituciones dentro, fuera y a veces a pesar de las leyes continúa. Habría que recordarles a aquellos que nombran y a quienes aceptan cargos sin llenar todos los requisitos legales que el Código Penal de Sonora les tiene reservados algunos artículos que tipifican el delito de quien designa y de quien acepta. Seguramente la Fiscalía con su autonomía y capacidad institucional de investigación exhaustiva, cuidando el debido proceso actuará diligentemente en consecuencia.

El silencio favorece la continuidad ante flagrante y reiterado incumplimiento del orden constitucional, indiferencia que socava el futuro y esperanza, impide progresar y permite que los que sin pudor alguno se apropian de lo público para su beneficio permanezcan. Dejemos pues el silencio cómplice, alcemos la voz con respeto, tolerancia, propuesta, humildad, generosidad y energía.

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