“Animadversión insana” en la Corte

Astillero

“Animadversión insana” contra ella ha denunciado la ministra Lenia Batres ante sus pares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un episodio que exhibe la ya nada silenciosa guerra de las togas, con la vista puesta en la continuidad del actual presidente, Hugo Aguilar, o su relevo con Yasmín Esquivel como principal aspirante, o la posibilidad, en apariencia cada vez más distante, de que la propia Batres asuma el alto cargo.

Tal antipatía, mostrada de manera constante por la facción mayoritaria de la citada Corte, no se refiere solamente al enfoque y procesamiento de los asuntos judiciales abordados por el máximo tribunal, punto este en que los malquerientes de quien se ha hecho llamar la “ministra del pueblo” han expresado puntillosas objeciones sino, en particular, al delicado tema de la nueva presidencia de la Corte que se debe designar.

Y, en realidad, la disputa va más allá, pues Batres es una ministra muy distante en cuanto a enfoque y compromiso social de la principal aspirante al relevo, la ministra Esquivel. En la resolución del diferendo en cuanto a la prevalencia de una de las dos redacciones normativas vigentes, favorable una a Batres y permisiva la otra de no designarla como presidenta, está presente también la discusión de fondo sobre el tipo de Corte que se desea.

El secretario “de guerra” de Estados Unidos ha dado un paso más en preparación de los muy cantados planes de intervención directa en tierra mexicana contra cárteles (sólo los de acá, no los gringos, de cuello blanco los principales de estos): Ayer, en Panamá, reiteró que habrá acciones “en tierra” como las sucedidas en aguas del Caribe y el Pacífico contra presuntas lanchas transportistas de droga, cuyos tripulantes fueron asesinados porque así lo decidieron las fuerzas trumpistas.

Pete Hegseth, el secretario de Defensa, que se hace llamar, sin fundamento legal, “de guerra”, añadió en su nueva advertencia el ingrediente de la “coalición” de 19 países cuyos ejércitos y recursos serán manejados por el Comando Sur de Estados Unidos para actuar contra cárteles en otros países, de manera destacada contra “remanentes de guerrillas” en Colombia, productores de cocaína en centro y Suramérica y México, por el fentanilo.

En lo inmediato, Hegseth informó que se trabaja con los gobiernos de Colombia y Ecuador para “coordinar” operativos terrestres. Luego vendrán las incursiones en otros países por parte del llamado Escudo de las Américas. Sobre aviso (tan reiterado) no hay engaño.

Al Partido Acción Nacional (PAN) sólo le queda el recurso de la retórica en cuanto a la propuesta de establecer el derecho de réplica respecto a las conferencias presidenciales mañaneras. En primer lugar, no tiene ni remotamente la probabilidad aritmética de que su iniciativa de reformas en la materia pueda obtener la mayoría aprobatoria. Y, además, el derecho exigido ya está consignado en el artículo sexto constitucional y en una ley reglamentaria, a tal grado que en junio de 2023 el juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Hugo Roberto Pérez Lugo, sentenció que las conferencias mañaneras sí son susceptibles del ejercicio del derecho de réplica y, en la especie, ordenó a la Presidencia de la República que lo otorgara a la solicitante, la senadora Xóchitl Gálvez.

Aquí, por si el ahora dirigente Jorge Romero no estuviera enterado, la liga de la celebración e información publicada por el grupo senatorial del PAN en aquella fecha: https://goo.su/w8d7zd.

Y, mientras la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, sigue ejerciendo de crítica de medios de comunicación, con ocurrencias como la reciente lista de comunicadores, políticos y dirigentes partidistas de oposición, “cuentas de ataque” en redes sociales, campañas globales y otros ingredientes de un “ecosistema digital”, según la posterior definición de la responsable de la sección “Derecho de réplica”, ¡hasta el próximo lunes!

Julio Hernández López