Son las instituciones...

CASCABEL

En 1978, acosado y vigilado por un régimen que fingía representar al pueblo, Václav Havel escribió en “El poder de los sin poder” el catálogo más puntual del fraude semántico de un Gobierno autoritario: “El Gobierno de la burocracia se llama Gobierno del pueblo; la esclavización del hombre se presenta como su liberación; el aislamiento de la información se llama acceso a la información; la manipulación se llama control público del poder; el abuso arbitrario del poder se llama observancia del orden jurídico; la represión de la cultura se llama su desarrollo; la expansión del poder imperial se presenta como apoyo a los oprimidos; la ausencia de libertad de expresión se convierte en la forma más elevada de libertad; las elecciones fraudulentas son la forma suprema de democracia; la prohibición del pensamiento independiente se convierte en la concepción más científica del mundo; la ocupación militar pasa por ayuda fraternal”.

Con una valentía y una lucidez que continúan asombrando casi medio siglo después, afirmaba: “El sistema pos-totalitario toca a las personas en cada paso, pero lo hace con guantes ideológicos. Por eso la vida está completamente impregnada de hipocresía y mentira”.

Meses después fue encarcelado.

No fue castigado por denunciar un delito, sino por describir con precisión los mecanismos del poder cuando las palabras dejan de representar la realidad y se convierten en instrumentos de control, propaganda y ofuscación. Porque para un régimen autoritario, la verdad constituye una amenaza mucho mayor que la disidencia.

Sin atreverme a afirmar que México atraviesa un sistema pos-totalitario comparable al de la Checoslovaquia de aquellos años, sí encuentro en la reflexión de Havel un paralelismo incómodo. Ante los múltiples señalamientos formulados desde Estados Unidos contra gobernadores en funciones, la respuesta del Gobierno de Sheinbaum no ha consistido en promover investigaciones propias que despejen dudas. En cambio, la narrativa oficial ha desplazado el debate hacia una supuesta ofensa a la soberanía nacional, una conspiración de grupos reaccionarios infiltrados en el Gobierno estadounidense y un nuevo ataque contra la Cuarta Transformación.

El régimen despliega sus recursos -de la conferencia mañanera a los medios afines- en busca de controlar la agenda que continúa girando, tercamente, sobre la responsabilidad de gobernadores, senadores, funcionarios y familiares. La realidad se impone, su objetivo de convertir señalamientos y cúmulos de evidencia en una simple dicotomía entre patriotas y traidores, está condenado al fracaso.

El orden jurídico nacional: Subordinado a los intereses de unos cuantos bajo la coartada de una airada defensa ante la injerencia extranjera.

Cuando la prioridad de un régimen deja de ser esclarecer los hechos, llegar a la verdad y fincar responsabilidades para pasar a controlar el significado de las palabras y cuestionar la intencionalidad de quien se atreve a revelar la incómoda verdad, el estado de Derecho comienza a subordinarse a los intereses del poder. La defensa de las instituciones se sustituye por la defensa del Gobierno, la incómoda realidad es reemplazada por la fantasiosa narrativa de planes sin sustento, la impartición de justicia por mecanismos de propaganda y control, y la exigencia de rendición de cuentas se descalifica como un acto de traición o de injerencia extranjera.

La carcasa institucional permanece. El cascarón que alguna vez albergó instituciones vivas con mandatos constitucionales puntuales, persiste en forma, sin signos vitales. El catálogo mexicano de vaciamiento institucional es extenso.

La aspiración de una separación e independencia entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial plasmada en el marco constitucional sólo existe en la semántica de los depositarios del poder, la realidad difiere.

Los organismos autónomos, como contrapesos, han sido capturados y emasculados de sus capacidades técnicas.

Las fiscalías, concebidas constitucionalmente como órganos autónomos, permanecen doblegadas frente a los ejecutivos.

Las fuerzas armadas, arrancadas de su vocación de seguridad nacional, enfrentan una crisis de identidad debido a sus múltiples mandatos: Seguridad pública, administración de proyectos emblemáticos, aduanas, obra pública, entre otras actividades. Responsabilidades que llegan acompañadas de duros señalamientos de corrupción que ponen en entredicho su prestigio institucional.

El Poder Judicial, reinventado bajo la quimera de democratizar la justicia, que somete al voto popular la delicada designación de jueces y magistrados sin valorar su capacidad jurídica. En los hechos, la independencia retrocede mientras la afinidad con el proyecto en el poder aumenta.

El INE, el árbitro independiente que después de aquella caída del sistema costó décadas de esfuerzos desde la oposición y ciudadanía construir, hoy aparece entregado al oficialismo, con consejeros con evidentes conflictos de intereses, cuestionado en su independencia, degradado en su prestigio y señalado por sus manejos financieros.

La CNDH de ser defensora y contrapeso ante los excesos del poder, ha pasado a ser vocera y defensora del régimen.

El Instituto Nacional de Transparencia, integrado a una secretaría de Estado, deja el Derecho constitucional de acceso a la información pública en manos y a discreción de quien debería de ser vigilado.

Los ciudadanos no podemos ni debemos evaluar instituciones por el solo hecho de su existencia formal. La lenta desarticulación institucional -ese vaciamiento que amenaza con dejarnos ante un cascarón vacío- combinada con la hipocresía y la mentira que Havel señalaba en su fraude semántico de aquel régimen autoritario, es nuestra realidad. Señalarla y revertirla es nuestra obligación.

Al final, no es el relato. Son las instituciones.