Kenia Hernández

Kenia Hernández es una abogada indígena, afrodescendiente de la etnia Amuzgos, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos y que, actualmente lleva en prisión un total de cinco años, cinco meses y doce días por delitos de poca monta y muy poco probables.

Se trata de una mujer que no ha temido organizar plantones y tomas de casetas en las carreteras para protestar, y presionar, a las autoridades para resolver casos de violación de derechos humanos en contra de hombres y mujeres sin recursos y con frecuencia maltratados por las autoridades, menos preocupadas por los derechos de las personas y más orientados a lograr arrestos condenas no necesariamente fundadas en la justicia.

Ella fue detenida en junio de 2020 mientras se manifestaba de forma pacífica en la caseta de peaje en Valle de Bravo en el Estado de México, exigiendo la liberación de dos integrantes del Colectivo Libertario Zapata Vive. Fue acusada de robo de $500 pesos y un celular usado. Quedó en libertad condicional y la prohibición de manifestarse en casetas de cobro en las carreteras.

Unos meses despues en octubre de 2020, Kenia Hernández fue detenida en Puebla, con violencia y de manera arbitraria. Fue trasladada a Almoloya bajo los cargos de “robo con violencia”.

En febrero del 2022 se la condenó a 10 años y seis meses de prisión por el delito de robo con violencia, esos $500 pesos y un celular usado. En marzo de 2022, recibió una nueva sentencia por el daño a una caseta de cobro en el Estado de México, y fue condenada a once años y tres meses de prisión, con lo cual acumulaba 21 años con nueve meses de cárcel, a pesar de que la defensa presentó pruebas de que Hernández se encontraba a 600 kilómetros del lugar de los hechos. Hasta hoy ha cumplido una cuarta parte de su pena: Le restan quince años y medio, hasta cumplir con la sentencia.

Conviene comparar la condena de Kenia con las que soportaron otros personajes acusados por delitos de mayor cuantía: Emilio Lozoya pasó dos años y tres meses en prisión, Juan Collado cuatro años, Rosario Robles tres años y Jesús Murillo Karam un año y siete meses. No cabe duda de que el aparato judicial del Estado de México parece haber obrado con especial saña en contra de una mujer, indígena, afrodescendiente y luchona, mientras que, quienes fueron acusados en su momento de apropiación indebida de sumas multimillonarias no fueron tratados con similar severidad, a pesar de que sus botines, por llamarlos de algún modo, rebasaban con mucho los $500 que, afirman, sustrajo criminalmente la acusada.

La mera comparación de los casos, y las sentencias, que recibieron algunos personajes insignes de nuestra política, con la condena a Kenia Hernández Montalván nos orienta al menos, a sospechar que para ciertas autoridades el monto de lo robado tiene mucho menos peso a la hora de sentenciar, que otros factores que conviene explorar y conocer, pues así se suele dar la impartición de justicia en nuestro País.

Habrá que poner en cuestión la etnicidad de Kenia, como un factor que predispone a los juzgadores, o les facilita dictar sentencias pesadas y quizá desmesuradas, lo que no se ve en los pocos casos que se mencionan anteriormente. Digamos que parece decir que “a la indígena se le carga la mano...” Lo mismo se puede suponer con su condición de afromexicana: Eso no fue un obstáculo para ensañarse con Kenia. Ser mujer parece más complicado, pues doña Rosario Robles gozó de cierta condescendencia en su castigo, pero la diferencia es que ella pertenecía al escalón social y político que dirige al País, y Kenia, al de las desposeídas que protestan por esa exclusión.

Todo el caso de Kenia Hernández habla muy mal de nuestro sistema judicial, y también de la sociedad que permite estos abusos: Protestemos.