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Pruebas, pruebas, pruebas.

Aunque la Presidenta aseguró que su Gobierno no protege a los corruptos, la defensa tan pública y tan personal de Rocha la deja en una encrucijada...

Ana María Salazar

Ana María Salazar

“Pruebas, pruebas, pruebas” “Rechazo a la injerencia extranjera”, “No hay pruebas”, “No a la injerencia”, “Sin pruebas es político la acusación”. Básicamente a esto se reduce los argumentos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quién salió en una defensa férrea y publica a favor del gobernador Rubén Rocha Moya.

Las personas que recomendaron a la Presidenta amarrarse a estos argumentos deberían de renunciar: Pusieron a la mandataria en una situación imposible ya que, hay pruebas, muchas, pruebas. No es un tema de soberanía, pero si es un tema político, no jurídico, para México.

Sólo crea sospecha, a nivel nacional e internacional, la “rápida y furiosa” defensa de la presidenta del gobernador Rocha -y los otros nueve funcionarios. Hubo pruebas suficientes para que un gran jurado en Nueva York formulara un “indictment” -una acusación formal- en contra de los Gobernador y otros nueve funcionarios y exfuncionarios. De hecho, si uno de estos 10 imputados tuviera presencia en territorio estadounidense, la DEA los habría arrestado inmediatamente, y probablemente ya habrían tenido su primera audiencia, donde el juez no les hubiera concedido fianza y continuarían detenidos hasta que se llevara a cabo el juicio en un año.

Exactamente esto fue lo que le sucedió a Genaro García Luna, con las pruebas del indictment fue detenido, eventualmente enjuiciado y condenado a 38 años de prisión. Ante la realidad de lo que representa un juicio y las pruebas en su contra, seguramente algunos, sino todos, incluyendo Rocha Moya, buscarían negociar con la Fiscalía de Nueva York, para obtener una rebaja de penas si colaboran con el Departamento de Justicia.

Seguramente tendrán mucho que contar sobre cómo el crimen organizado participa en los procesos electorales, los funcionarios que se beneficiaron y las empresas que tienen estrechos vínculos con el Gobierno y los “narco terroristas”.

Y aunque la Presidenta aseguró que su Gobierno no protege a los corruptos, la defensa tan pública y tan personal de Rocha la deja en una encrucijada: O verdaderamente cree la Presidenta y su equipo de que el Departamento de Justicia no tiene o no entregarán pruebas, o ya se tomó la decisión política de que, pase lo que pase, Rocha no saldrá del País.

Porque a final de cuentas, la decisión o no de arrestar y eventualmente extraditar a los 10 imputados, es una decisión política y soberana de la Presidenta, ya que puede perfectamente negar la orden de detención y la eventual extradición. O podría entregar este paquete de 10 indiciados, de la misma forma que entregó a los otros 92 individuos, sin ningún proceso de extradición.

Porque como se está armando imposible separar las acusaciones en contra de Rocha Moya de los otros indiciados que incluye el presidente Municipal de Culiacán, un senador en funciones y un general del ejército en retiro. Es muy, muy probable que ninguno será extraditado, aunque haya pruebas porque todos representan un peligro existencial para Morena si deciden colaborar con funcionarios estadounidenses.

La estrategia prudente del Gobierno de México, especialmente en esta difícil coyuntura por la muerte de dos funcionarios de la CIA, debería haber sido de bajo perfil, preferiblemente con una declaración de nuevo canciller Roberto Velasco Álvarez, simplemente reconociendo que se recibieron la petición de detención provisional y que se evaluarían los documentos. El peso, la crítica, y los cuestionamientos hubieran caído en la figura del canciller, y no dañar aún más la imagen de la Presidenta. Esto le hubiera dado tiempo al Gobierno de México de iniciar conversaciones informales sobre el caso, y asegurar que no se enrareciera aún más el ambiente para continuar evaluando el T-MEC. Pero lo más importante en este momento sería evitar otro escándalo más que afecte la reputación del Gobierno de México durante el Mundial FIFA 2026. En los siguientes dos meses, los medios de comunicación del mundo estarán observando, reportando y analizando todo lo que suceda en México, Estados Unidos y Canadá. Además de reportar las protestas sociales como antesala del mundial, del desorden y las fallas en la organización, las desapariciones y narco fosas, habría que agregar a los titulares de cómo Sheinbaum protege a narco políticos de su partido.

Ya hay reacciones: El Departamento de Estado de EE.UU. inició una revisión integral de los 53 consulados de México en territorio estadounidense, en medio de un aumento de tensiones bilaterales. Seguramente saldrá anuncios de más sanciones en contra de funcionarios, políticos, empresas vinculados al crimen organizado. Pero el riesgo político más grave es la decisión de considerar a Morena como aliado y facilitador de las actividades criminales de las organizaciones terroristas.

¿Cuáles son las prioridades de la Presidenta? ¿Defensa del Gobernador de Sinaloa o usar las pruebas para depurar al partido y la imagen del País?

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