Eso se llama dictadura

Epicentro

Se cumplen tres meses del Gobierno de Donald Trump. El ritmo de destrucción institucional y el calibre de su talante autoritario han sorprendido incluso a los más pesimistas. La lista es muy larga para tan poco tiempo. Trump ha atacado directamente a las universidades, los centros de estudio científico, las organizaciones de ayuda humanitaria dentro y fuera de Estados Unidos, así como a las instituciones artísticas. Ha arremetido contra firmas de abogados que lo confrontaron en el pasado y ha utilizado el poder del Estado para investigar a quienes se atrevieron a cuestionar la patraña del fraude electoral de 2020.

Por supuesto, siguiendo al pie de la letra el manual del populismo autoritario, ha amedrentado a la prensa y se ha rodeado de falsos periodistas que le hacen preguntas diseñadas para masajearle el ego y reforzar la narrativa de su Gobierno.

En materia económica, Trump ha provocado una disrupción mayúscula con una política arancelaria arbitraria y punitiva que ha derivado en una amenaza clara de recesión en Estados Unidos. Como respuesta, casi de inmediato, comenzó a amenazar con dar un paso inimaginable en la historia reciente del país (uno de tantos): Decapitar la Reserva Federal, encontrando la manera de deshacerse de Jerome Powell para colocar ahí a alguien que haga exactamente lo que el Presidente quiere, desmantelando así la independencia de una institución fundamental. Este tipo de subordinación es la misma que Trump espera del Poder Legislativo, que ya no actúa como contrapeso independiente (al menos por ahora, estando bajo el control del Partido Republicano).

Esta ola de destrucción enfrenta -como ocurrió en México, por cierto- un último dique: El Poder Judicial.

En la que quizá sea la amenaza más grave contra el andamiaje institucional de Estados Unidos, el Poder Ejecutivo encabezado por Trump ha desacatado sentencias judiciales y amenaza con hacerlo de manera aún más flagrante. A pesar de estar dominada por magistrados conservadores -que en otros ámbitos han dado claras victorias a Trump-, la Suprema Corte ha puesto límites recientes a las pretensiones anticonstitucionales de la Casa Blanca. El fallo más reciente detuvo la deportación sumaria e indiscriminada de inmigrantes a quienes Trump pretendía etiquetar como terroristas y enemigos extranjeros bajo la llamada “Alien Enemies Act”. Esta legislación otorga al Presidente la autoridad para detener o deportar a ciudadanos o residentes de países enemigos durante tiempos de guerra o invasión, sin necesidad de un proceso judicial.

La decisión de utilizarla como Trump pretende -categorizando a miembros de pandillas, identificados sin ningún rigor, como enemigos en tiempos de guerra o protagonistas de una invasión- ha enfrentado una resistencia bien fundamentada en las cortes y, finalmente, en el máximo tribunal. Para sorpresa de nadie, los simpatizantes de Trump han reaccionado sugiriendo que la Corte carece de legitimidad y que debe ser ignorada (¿suena conocido?). Otros, más peligrosos aún, insisten en que Trump simplemente debe desacatar las órdenes del Poder Judicial.

Si eso ocurre, la realidad es que el experimento democrático estadounidense que comenzó hace casi 250 años enfrentará un desafío completamente inédito. A fin de cuentas, el Poder Judicial no cuenta con herramientas propias para obligar a los otros poderes a acatar sus decisiones. Si un funcionario ignora al Poder Judicial, la única manera de detenerlo es a través de una orden que provenga del fiscal general, quien depende del Ejecutivo. De esa forma, Trump podría otorgarse carta blanca y volver completamente redundante la división de poderes.

Eso se llama dictadura.

Y sólo han pasado tres meses.

León Krauze

@LeonKrauze