Reducir las desapariciones: El legado más relevante para México

Ana María Salazar

Hace unos quince años, analizando las amenazas que enfrentaban personas jóvenes, identificamos las dificultades de encontrar trabajo bien remunerado. Esto me llevó a identificar empresas que reclutaban personas, ofreciendo salarios competitivos a cambio de que se sometieran a una semana de capacitación culminando la semana vendiendo “perfumes” u otros objetos para demostrar sus conocimientos aprendidos. El fraude consistía en que los reclutas tenían que comprar el material que venderían. Después de días de “coco wash” -capacitación, en mis reportajes plasmamos cómo personas de la tercera edad a jóvenes recién graduados de la preparatoria desesperadamente buscando dinero, pidiendo prestado, para poder pagar los méndigos “perfumes” y así obtener el empleo prometido. Para los pocos reclutas que pudieron cumplir con las cuotas de ventas de “perfumes” si les iba bien les esperaba un empleo donde se les pagaría por atraer a más víctimas para participar en este esquema fraudulento de oferta de empleos. O sea, los invitaban a trabajar buscando otras víctimas para mantener este esquema de fraude.

Grabamos imágenes, teníamos testimonios, inclusive uno de mis camarógrafos fue atacado y personas fueron amenazadas por colaborar en mis reportajes. Y por más que tratamos de reportar estos fraudes a la Secretaría de Trabajo, a la Profeco y otras autoridades tuvimos poco éxito. Este fraude no era un fenómeno exclusivo de la Ciudad de México, en su momento teníamos reportes de que sucedía en varias capitales del País. Haciendo una búsqueda reciente sobre esta problemática, me encontré reportes de colegas periodistas con fecha de hace tres años.

Y aunque en los últimos años, las autoridades, particularmente el policía cibernético, tienen la responsabilidad de identificar y detener estos fraudes-empresas o individuos que ofrecen empleo a cambio de que la persona pague por anticipado para que sean considerados. Pero, aun así, es difícil saber qué tantos jóvenes son victimas de estos fraudes.

Pero lo que enfrentan jóvenes mexicanos hoy día es indescriptible, ya que, en los últimos años, más allá de las buenas intenciones de los últimos tres sexenios, particularmente la del presidente López Obrador, los programas sociales no han podido acotar una de las crisis que la Cuarta Transformación enfrenta: Las posibilidades de empleos relativamente bien renumerados. De hecho, hay un argumento que habría que comprobar, de que han perdido valor los salarios de la mayoría de los mexicanos. Y hay señales de que las oportunidades para gente joven podrían disminuir aún más debido a que se cerró las oportunidades de cruzar la frontera para buscar oportunidades en Estados Unidos, el impacto que tendrá los nuevos aranceles en la economía mexicana, además del impacto de lo que parecería ser una desaceleración de la economía nacional.

Y son las organizaciones criminales que se beneficiarán de esta realidad: Escaso empleo disponible y mal pagado, control territorial por parte de las organizaciones criminales, que parece que continúan creciendo en capacidad y presencia nacional y lo que parecería la falta de una estrategia de intentar proteger a gente joven de ser reclutada (voluntaria o involuntariamente) para formar parte del ejercito del crimen organizado.

Ante la tragedia del Rancho Izaguirre -no importa como le llamemos un rancho de exterminio o un centro de reclutamiento involuntario- la realidad es que esto sólo pudiera suceder en un contexto de control territorial de las organizaciones criminales, anuencia o complicidad de las autoridades locales y posiblemente estatales y la absoluta falta de una estrategia para responder a la crisis de desapariciones en México. ¿Cuántos de los desaparecidos y desaparecidas en el País fueron inicialmente víctimas de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado?

Y aunque fue el terrible y negligente manejo de las autoridades estatales y federales de la tragedia del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, esto empujó al Gobierno federal a anunciar pasos específicos para enfrentar la crisis de las desapariciones en el País. Es importante reconocer los anuncios de la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Ernestina Godoy, presentando un plan para enfrentar las desapariciones en el País, con programas de coordinación e identificación de información, incluyendo ADN. Y también hay que reconocer los arrestos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de individuos que podrían estar involucrados en el “centro de exterminio o centro de capacitación involuntario” de Teuchitlán.

Pero ¿será suficiente y se podrá mantener ante la realidad del vínculo de las organizaciones criminales con funcionarios locales? Hago esta pregunta ante la inmensidad de lo que enfrenta la Presidenta y tal vez, lo que debería garantizar a corto plazo es que por lo menos se reduzca el secuestro y reclutamiento ilegal de jóvenes como parte de un programa sexenal de reducir -dramáticamente- las desapariciones en el País.

Reducir dramáticamente las desapariciones en México, es un legado factible. Sería histórico.