Yunización de ex gobernadores

Astillero

No es social ni políticamente sano ni administrativa y judicialmente propicio para el combate a la corrupción, que desde la Presidencia de la República virtualmente se sustraiga de las investigaciones y de la eventual acción punitiva a quienes van dejando los gobiernos estatales.

Es un manto de protección política y judicial el que se extiende sobre políticos priistas y morenistas (y algunos “aliados”), al nombrarlos en cargos federales que inhiben a los mandatarios entrantes de iniciar escrutinios firmes sobre los salientes. Claro que hay vías formales para intentar que se abran indagaciones respecto a malos manejos de quienes dejan las gubernaturas pero en los hechos, los entrantes, con frecuencia escandalizados respecto a la herencia que reciben, no pueden intentar nada contra aquellos que son elogiados públicamente y colocados en puestos federales por el máximo poder político, el presidencial.

En su momento, Andrés Manuel López Obrador protegió a gobernadores priistas que fueron “demócratas” en cuanto, por acciones u omisiones, “ayudaron” a triunfos electorales morenistas: Embajadas para el sinaloense Quirino Ordaz, el hidalguense Omar Fayad, el campechano Carlos Miguel Aysa y el quintanarroense Carlos Joaquín González; y consulado de lujo para la sonorense Claudia Pavlovich.

En lista de espera se asegura que está el mexiquense Alfredo del Mazo.

El abrigo para los morenistas, y aliados, ha sido explícitamente planteado por el anterior Presidente y la actual mandataria federal. El pasado 12 de agosto, siendo aún presidenta electa, Claudia Sheinbaum anunció: “Todos los compañeros que están dejando sus gobiernos estatales van a participar en el Gobierno federal. Los he invitado. Es el caso de Martí, es el caso del Gobernador de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz. Bueno, el Gobernador de Morelos queda de diputado. Cuauhtémoc Blanco es diputado en la lista. Y al Gobernador de Puebla también lo he invitado a participar y ya se los vamos a informar pronto”. Reiteraría tal postura a horas de tomar posesión de la silla presidencial.

Los pésimos gobiernos del chiapaneco Rutilio Escandón y del veracruzano Cuitláhuac García están por ser premiados con cargos aún por definir (ayer, en la toma de posesión de Rocío Nahle, la presidenta Sheinbaum dijo que será en algo “estratégico”).

Al de Tabasco, Carlos Manuel Merino (prolongación de la voluntad política de Adán Augusto López Hernández), lo han colocado como director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, mientras en el “edén” se libran sangrientas batallas entre cárteles. El poblano Sergio Salomón Cespedes entrará el 15 de diciembre como titular de Migración. El morelense Cuauhtémoc Blanco, uno de los peores, es diputado federal y Alejandro Murat, de similar catadura, es senador; ambos por Morena.

La esperanza nacional, cifrada en López Obrador durante su sexenio, y en Sheinbaum en el que va corriendo, contrastan marcadamente con los gobiernos estatales de Morena y sus aliados (el sinaloense Rocha Moya, el tamaulipeco Américo Villarreal y la guerrerense Evelyn Salgado, algunos botones de muestra negativa). Pero en los altos mandos nacionales ha predominado el sentido corporativo, la protección facciosa, el sentido de la “unidad” respecto a tales mandatarios estatales, como fue reiterado ayer en Veracruz: La “lealtad” o el “chapulinazo” como garantía de impunidad, la yunización de la “nueva” política para ser hegemónica.

Y, mientras Donald Trump avanza en su plan de meter en el mismo saco de presuntos castigos arancelarios a Canadá y a México, a fin de “conseguir” que Justin Trudeau se alinee expresamente con Washington y México quede en desventaja a la hora de las negociaciones, ¡hasta mañana, con más desasosiego social a causa de ejecuciones masivas como las sucedidas este fin de semana en Apaseo el Grande, Guanajuato, y en Jiutepec, Morelos (nueve muertos en cada lugar) y la continuidad de los hechos criminales en Sinaloa, particularmente en Culiacán y sus alrededores!