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La Constitución soy yo

En lugar de ser la ley fundamental de México, la Constitución se ha convertido en el instrumento de control político de la 4T.

Leo Zuckermann

JUEGOS DE PODER

Morena viene de ser una oposición semi-leal. Aceptaban las leyes e instituciones del Estado si les beneficiaban. En contraste, cuando les perjudicaban, se quejaban y las desconocían.

“Al diablo con sus instituciones”, gritaba el fundador del movimiento.

Pero ahora ellos son los que controlan las leyes e instituciones del Estado. Tienen mayoría calificada en ambas cámaras y pueden modificar la Constitución a su antojo. Si hay el menor atisbo de un control judicial sobre leyes posiblemente inconstitucionales, resulta muy fácil la solución: Reformar la Constitución. Santo remedio.

Es lo que están haciendo con la nueva enmienda constitucional propuesta por Morena. Que no proceda ni el amparo ni acciones de inconstitucionalidad ni controversias constitucionales contra ninguna reforma a la Constitución y su proceso legislativo. De un plumazo, se resuelve el embrollo de la reforma al Poder Judicial.

Ya lo había advertido la jurista Ana Laura Magaloni. De nada sirve las revisiones de la constitucionalidad de leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia cuando una fuerza política tiene mayoría calificada y puede modificar la Constitución.

En este sentido, se hubieran podido ahorrar toda la reforma judicial. Pero, ya lo sabemos, su apetito es insaciable.

Con su hegemonía en el Poder Legislativo y los congresos locales ya controlan las leyes y la Constitución. No obstante, quieren también apoderarse del Poder Judicial por medio de la elección por voto popular de todos los juzgadores, tanto federales como locales. Morena controlará las candidaturas por medio de los Comités de Evaluación y utilizará su poderoso aparato electoral para movilizar a los votantes quienes elegirán a cuadros cercanos a la 4T.

De esta forma, dominarán a los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y ya anunciaron que debilitarán o desaparecerán a los órganos autónomos del Estado, salvo el banco central. No habrá, en este sentido, contrapesos políticos.

Hablando del Banco de México, si mañana les disgusta lo que está haciendo la Junta de Gobierno en materia de política monetaria, pues muy sencillo: Modifican la Constitución y diseñan un banco central a su medida. En una de esas proponen la elección popular del gobernador y cuatro subgobernadores.

Si mañana les disgusta lo que están diciendo los medios, se enmienda la Constitución y se modifica el régimen de concesiones para ellos controlar la radio y televisión y trasmitir pura propaganda a favor de la 4T.

Todos los sectores de la economía ya se encuentran sujetos a la incertidumbre de un gobierno que puede cambiar las reglas del juego por poder de modificar la Constitución: Bancos, aerolíneas, empresas de telefonía, productores de alimentos, vendedores de autos, desarrolladores de vivienda, industria del entretenimiento, etcétera. Nadie se salva.

Es un poder enorme. Ya lo estamos viendo en el caso de los juzgadores.

En lugar de ser la ley fundamental de México, la Constitución se ha convertido en el instrumento de control político de la 4T.

La Presidenta se ha comprometido a respetar la autonomía del banco central. Dicha institución depende, entonces, de la palabra de una persona y no de un mandato jurídico. Si cumple o no su promesa depende de su humor y de las posibles consecuencias económicas de cambiar de opinión.

A los empresarios, Sheinbaum les ofrece certeza jurídica. Se respetarán las inversiones privadas. Perfecto. Pero, de nuevo, es una promesa de palabra. Cuando se puede modificar la Constitución y se controla al Poder Judicial, la seguridad de las inversiones depende de la buena relación que se tenga con el Gobierno, no de derechos adquiridos.

Dice, con toda razón, mi colega Carlos Bravo Regidor que el gobierno de Sheinbaum se resume en “mucho poder, poco dinero”.

La voluntad de la Presidenta y su partido se puede llevar a la Constitución de un día para otro. En el extremo, podrían legalizar la esclavitud. Suena ridículo, pero jurídica y políticamente es posible porque, en breve, estará prohibido que una autoridad judicial pueda revisar y detener cualquier enmienda constitucional. Lo de la esclavitud, como cualquier cosa, lo podrían hacer; si no lo hacen es solo por falta de apetito.

Enorme poder. Sin embargo, carecen de dinero para financiar todos sus compromisos de campaña. De ahí que requieran a la inversión privada y ofrezcan certidumbre. Una promesa más de palabra, a diferencia de leyes que lo aseguren. Ya sabrá cada uno si creerles o no.

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