Violencia electoral destruye la democracia mexicana

Las imágenes son brutales. En su cierre de campaña, se observa claramente cómo un asesino le dispara en la cabeza de Alfredo Cabrera, candidato de la oposición a la presidencia municipal para Coyuca de Benítez en el Estado de Guerrero.

Lo asesinaron enfrente de decenas de sus seguidores, que celebraban a su candidato con música y banderas. También presentes estaban 10 escoltas, entre elementos de la Guardia Nacional y la Policía estatal. Y aunque llegaron a “dar de baja” al hombre que le disparó y detuvieron a otras dos personas que podrían estar involucradas en el ataque, hay pocas esperanzas que los condenen, o que se establezca el autor intelectual. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué iba a ganar las elecciones? ¿O era un candidato incómodo a algún grupo político? ¿O un grupo criminal?

Y aunque la alianza del PRI y del PAN puede nombrar un candidato sustituto, obviamente había pocos valientes. ¿Quién garantiza y por cuánto tiempo, la vida del reemplazo de Alfredo Cabrera, si llegase a ganar? Lo mataron enfrente de 10 elementos que tenían la responsabilidad de su seguridad. Este tipo de asesinatos sólo sucede si los autores intelectuales tienen seguridad que no serán perseguidos.

Y ante la realidad del dramático incremento del control territorial y capacidad bélica de los grupos del crimen organizado en el País durante este sexenio, hay que asumir que la autoría de la violencia y asesinatos de candidatos sería de los grupos criminales. Pero no se puede descartar los vínculos políticos con estos grupos por el simple hecho de que secuestrar y asesinar con tanta impunidad requiere protección de las autoridades.

O una decisión de someter el País a los designios de los grupos criminales. Estamos viviendo en su máxima expresión la estrategia de “abrazos y no balazos”. Y a pesar de que había amplia información de que el proceso electoral del 2024 sería uno de los más violentos, el Gobierno federal y hasta cierto punto las autoridades electorales, decidieron tomar pasos contundentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador continuó insistiendo esta semana que las elecciones serían pacíficas, “las más limpias y libres de la historia en México”. No sé quién le informó esta descarada mentira al Presidente. Hace dos semanas, la autoridad electoral de Chiapas registró la renuncia de más de 500 candidatos a puestos de elección popular. Al cierre ¡más de 500! ¿Se puede llevar a cabo elecciones en comunidades donde en desbandada renuncian los candidatos por razones de seguridad? Al cierre de esta edición, las autoridades electorales ya anunciaban que no podrían instalar 108 casillas en varios estados incluyendo Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Pero esta lista seguramente continuará creciendo y tendremos un mejor panorama de la realidad del País.

Por ejemplo, desde hace tres años Pantelhó, Chiapas, ha sido controlado por un grupo armado, que ya anunció que no permitirá que se lleven a cabo elecciones en ese Municipio. El INE local ya declaró que ni intentarán llevar a cabo comicios en esta comunidad. ¿Significa que tratarán de llevar a cabo elecciones en un futuro próximo? Probablemente no, ya que el municipal lo controlan un grupo criminal que no va a ceder el poder.

La consultoría Integralia publicó un reporte esta semana, y los datos son devastadores: A una semana de la jornada electoral, Integralia registró 749 víctimas de violencia vinculada al proceso electoral que inició en septiembre 2023, incluyendo 231 asesinatos. Esta consultoría incluyó en este estudio secuestros, amenazas, y asesinatos, no sólo en contra de precandidatos y candidatos, pero también familiares y el equipo inmediato.

¿Quién en su sano juicio buscará ser candidato a algún puesto en las siguientes elecciones? Solamente los candidatos que son respaldados por el crimen organizado.

Una vez que concluya este proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral, junto con el Gobierno entrante, tendrá que evaluar y establecer nuevos protocolos, no sólo para candidatos, sino autoridades electorales. Hay que establecer nuevos parámetros para posponer o anular elecciones automáticamente, incluyendo la renuncia masiva de candidatos, asesinatos y amenazas. Y, sobre todo, sistemáticamente investigar y procesar a los asesinos y autores intelectuales de la violencia política en el País.

Por ahora, no es descabellado afirmar que los criminales controlan las alcaldías del País. Esta realidad tendrá que ser prioridad para la nueva Presidenta. No puede sobrevivir una democracia si no se garantiza la integridad física de candidatos, familiares, equipo y seguidores.