Buscan visibilizar delitos de transfemincidios y derecho político de la comunidad de la diversidad sexual

Tijuana BC.- Debido a que el Estado carece de informes sobre las mujeres y hombres transexuales víctimas de ataques violentos, activistas de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C. propondrán la creación de un Observatorio de Transfeminicidios para Baja California.

La activista Meritxell Calderón Vargas explicó que para ello es necesario reformar el Código Penal de Baja California para que se tipifique el delito de transfeminicidio y el Código de Procedimientos para que las penas legales sean acordes.

Dicho observatorio está inspirado en la Ley Paola Buenrostro, una mujer trans asesinada, misma que fue aprobada en el Congreso de la Ciudad de México.

México

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No hay estadística de transfeminicidio y eso es lo que nos preocupa la falta de datos y luego que se justifican. Lo que pasa como la comunidad trans, sobre todo con las mujeres, es que son discriminadas al nacer porque les asignan un sexo que no se identifican, en la primaria, secundaria, que les estén diciendo un nombre de hombre cuando ellas quieren ser llamadas de otra manera”

Declaró.

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Sin estadísticas

Calderón Vargas dijo que cuando una mujer u hombre transexual es asesinado, las autoridades desconocen cómo reportarlos y censarlos, lo que provoca que no existan estadísticas para evidenciar este odio de crimen y discriminación.

“Nosotros cuando solicitamos la Alerta de Género en 2015, la primera alerta en Baja California, evidenciamos que había asesinatos de mujeres transexuales y que en el momento que el protocolo de feminicidios te indica cuando veas un cadáver de una persona que pudiera ser mujer, se aplica el protocolo de feminicidio”, recordó.

Por otra parte, buscarán reunirse con el diputado local Eduardo Cantón Rocha para también presentarle el Observatorio Electoral para Mujeres de la Diversidad Sexual, mismo que tiene el objetivo de que las personas de la comunidad LGBTQI+ participen en la política y vigilen a los funcionarios que aseguran desarrollar políticas públicas que se les respete los derechos humanos.