Avalan en comisión reformas al Código Penal por casos de “ponchallantas” y Ley de Violencia Familiar en BC
Las iniciativas incluyen mayores sanciones por robos, daños con objetos punzocortantes y afectaciones a áreas naturales protegidas
Mexicali, Baja California.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado, presidida por la diputada Norma Angélica Peñaloza, aprobó este miércoles una serie de reformas al Código Penal y a la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, con el objetivo de fortalecer el marco legal en materia de seguridad y protección a las familias en Baja California.
Entre los cambios avalados, destaca la modificación al artículo 201 del Código Penal, que establece penas más precisas para el delito de robo. Con esta reforma, se fija una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa económica cuando el valor de lo robado no exceda de ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
También se aprobó la iniciativa que tipifica como delito el daño intencional a neumáticos de vehículos con objetos punzocortantes, como estrellas metálicas o abrojos, con la finalidad de facilitar la comisión de otros delitos. Esta propuesta fue presentada por el diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros y busca frenar una práctica delictiva que se ha detectado en la entidad.
Otra de las reformas aprobadas fue a la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, a propuesta de la diputada Montse Murillo López. La modificación incorpora la violencia patrimonial como una modalidad reconocida legalmente, ampliando así el alcance de la protección a las víctimas dentro del núcleo familiar.
Además, se dio luz verde a la iniciativa de la diputada Gloria Arcelia Miramontes para sancionar con penas de cinco a diez años de prisión a quienes provoquen incendios, explosiones o inundaciones que afecten viviendas, edificios públicos o escuelas. La penalidad aumentará hasta en una tercera parte si los hechos ocurren en áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal.
La sesión se llevó a cabo en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado en Tijuana, con la participación de legisladores, autoridades del Poder Judicial, representantes del Poder Ejecutivo y personal de la Consejería Jurídica.
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