Zona Sísmica

Decisiones, decisiones, decisiones..

El debate formal sobre el uso de redes sociales, teléfonos celulares y dispositivos digitales entre niños y adolescentes apenas comienza el próximo miércoles, pero la discusión promete ser intensa. El Gobierno federal abrió los foros para escuchar a padres de familia, maestros, directivos y especialistas antes de definir una regulación que podría llegar al Congreso en el próximo periodo legislativo que inicia el 1 de septiembre.

La intención de construir un consenso y no imponer una decisión desde el Gobierno es, en principio, positiva. El problema es que el tema tiene demasiadas aristas para resolverse simplemente prohibiendo celulares en las escuelas o estableciendo límites de tiempo.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum y especialistas han puesto sobre la mesa los efectos que puede tener el uso excesivo de las pantallas, particularmente en el sueño, la atención y la salud emocional.

La Unesco, por su parte, advierte sobre fenómenos como el ciberacoso, la desinformación, la pérdida de concentración y la dependencia excesiva de los dispositivos.

Pero también habrá que evitar que una preocupación legítima termine convirtiéndose en una regulación que limite innecesariamente el acceso a la tecnología.

El reto será encontrar el equilibrio: Proteger a los menores sin aislarlos de un mundo digital que ya forma parte de su educación, comunicación y vida cotidiana. Y, sobre todo, no cargar toda la responsabilidad en las escuelas. Los foros regionales que comienzan esta semana tendrán que ir más allá de discutir si se prohíben o no los teléfonos.

Se puede decir que en Baja California el tema lleva un avance importante, al menos en cuanto a medidas tomadas en determinados planteles o en políticas impuestas por algunos sistemas educativos en el estado que dejan ver hacia dónde se inclina la balanza.

GOBIERNO REACTIVO

El Ayuntamiento de Ensenada, encabezado por Claudia Agatón Muñiz, parece haber adoptado una lógica de gobierno reactiva: los problemas no siempre generan una respuesta mientras permanecen como denuncias ciudadanas, pero cuando llegan a redes sociales, se vuelven virales o provocan presión pública, entonces la autoridad aparece, inspecciona y toma medidas. El caso del tianguis instalado durante casi dos años en la zona turística es uno de los ejemplos más claros. Los señalamientos de la Cámara Nacional de Comercio y una marcha de comerciantes establecidos en la Calle Primera no fueron suficientes para una intervención oportuna. La decisión de retirarlo llegó después de que alrededor de 30 negocios del primer cuadro de la ciudad habían cerrado.

Algo similar ocurrió con La Bufadora. Fue necesario que se viralizara el video de una turista que reclamaba haber pagado 145 dólares por dos piñas coladas para que el gobierno municipal tomara medidas.

Después vino el caso de los caballos utilizados para paseos turísticos en Playa Hermosa. La muerte de una yegua puso bajo la lupa las condiciones en las que presuntamente se encontraban los animales. Tras la indignación generada, el Ayuntamiento inspeccionó el establo y resguardó a dos equinos que se encontraban en condiciones de desnutrición.

Y así fue con diversos temas, hasta llegar al caso más reciente que volvió a evidenciar esta forma de actuar. Un ciudadano difundió un video para denunciar que pagó 500 pesos por un mango y unas tunas en Playa Hermosa. La publicación generó indignación y el Ayuntamiento respondió enviando inspectores para revisar la operación de los comerciantes.

El problema no es que el Ayuntamiento atienda las denuncias; esa es parte de su responsabilidad. El cuestionamiento es que, en varios casos, la actuación parece llegar después de que el problema ya fue expuesto públicamente, cuando una supervisión preventiva habría permitido detectarlo antes.