Zona Sísmica

Registro a medias

Aunque el Gobierno federal asegura que más de la mitad de los 144.5 millones de números de teléfono celular activos en el País ya son parte del registro oficial obligatorio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dejado en suspenso si habrá una prórroga.

Para muchos, resultará difícil que el 100% de los teléfonos queden registrados porque el 30 de junio vence el plazo, en 11 días, y, de aplicarse la medida, habrá una desconexión masiva de líneas de quienes no para entonces no hayan vinculado sus números a la identidad del usuario, lo que causaría grandes problemas no solo en términos de comunicación, sino hasta económicos y sociales.

Hay en el País una fuerte oposición ciudadana contra este registro oficial de líneas de telefonía móvil y se muestra en el “boicot” pasivo, argumentando que puede haber vulnerabilidad y filtraciones de datos, una vigilancia indebida por parte del estado, que es inútil contra el crimen y que incluso existe el riesgo de incriminación en caso de que alguna línea sea robada o clonada y usada para cometer delitos.

Para la presidenta Sheinbaum, la medida es una herramienta indispensable para fortalecer las investigaciones y combatir delitos como la extorsión, una de las conductas criminales que más lastiman a la población, algo que es respaldado por algunos especialistas que señalan que los teléfonos celulares son usados frecuentemente para cometer ilícitos.

Hay un fuerte debate porque hay voces que señalan que gran parte de los delitos de extorsión se hacen desde las prisiones del País y en lugar de poner “candados” para erradicar eso, se les imponen medidas a los ciudadanos en general.

POLÍTICA Y GÉNERO

Antes de que el 2026 cumpla la mitad de su ciclo, en Baja California el Instituto Estatal Electoral (Ieebc) contabiliza ya 10 denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, un dato que puede resultar preocupante si se considera que nos queda a los bajacalifornianos por delante medio año de procesos electorales internos y, por lo tanto, incontables oportunidades de enfrentamientos políticos.

De acuerdo a María Concepción Castillo Rodríguez, consejera del Ieebc, la cifra ya supera las ocho denuncias registradas durante el proceso electoral judicial extraordinario de 2025.

Desde 2019 Baja California suma a la fecha 88 denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género en el estado, siendo precisamente el proceso electoral para la elección de los juzgadores en 2025.

Intentando ver el incremento en el número de denuncias en lo que va del 2026, Castillo Rodríguez destaca que podría interpretarse como un avance en la cultura de la denuncia, ya que más mujeres deciden acudir ante las autoridades cuando consideran que han sido violentadas.

El 64% de las 88 denuncias acumuladas ya han sido resueltas por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado (Tjebc).

Con, prácticamente, un año de elecciones por delante, es muy probable que el número se incremente en los próximos meses, cuando los tiempos de los partidos se acerquen a sus fechas de definición y los ánimos se exalten, como en cada proceso electoral.