Zona Sísmica

La controversia por el posible adelanto del cierre del ciclo escolar en México continúa creciendo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron ayer en contra de la medida anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) el pasado 7 de mayo.

La CNDH pidió tanto a la SEP como al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) reconsiderar la decisión, ya que afecta el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación. Asimismo, la Comisión recordó que corresponde a las autoridades garantizar plenamente el acceso a la educación y proteger el interés superior de la niñez.

Por su parte, la Sección 9 de la CNTE manifestó su rechazo a la decisión de concluir las clases de manera anticipada.

De acuerdo con el magisterio disidente, la SEP impuso de manera unilateral el fin de clases para el 5 de junio durante su pasada reunión nacional del Consejo Nacional de Autoridades Educativas el pasado 7 de mayo.

La Sección 9 denunció además que los argumentos oficiales utilizados para justificar el recorte —la ola de calor y la celebración del Mundial de Futbol— son “mentiras y falsos propósitos”.

La propuesta de la SEP contempla recortar cinco semanas al calendario escolar y adelantar el inicio de vacaciones, originalmente previsto para el 15 de julio, situación que provocó inconformidad en gobiernos estatales como Nuevo León, Jalisco y Guanajuato.

La medida también ha sido criticada debido al impacto que tendría en más de 30 millones de estudiantes de educación básica.

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que aún no existe una resolución definitiva, el titular de la SEP, Mario Delgado, reiteró que el periodo vacacional comenzará el 5 de junio.

El funcionario defendió la propuesta argumentando las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país y la realización del Mundial de Futbol, precisando que únicamente podría modificarse la fecha de regreso a las aulas.

CRISIS EN SECTOR MUEBLERO

El sector mueblero de Rosarito enfrenta una fuerte crisis que se ha visto reflejada en el cierre de negocios, la disminución de empleos, inversión y actividad comercial.

La Asociación de Fabricantes de Muebles y Accesorios de Rosarito (Afamaro), encabezada por su presidente Rafael Crosthwaite Reyes, dio a conocer el cierre de al menos 12 negocios en apenas dos años.

Dicha situación muestra el grado de presión financiera que viven empresarios locales ante la baja actividad económica, la caída del turismo y las limitaciones para acceder a financiamiento.

Además, refleja una problemática económica que va más allá del sector mueblero y evidencia las dificultades que enfrentan numerosos pequeños comercios en Rosarito.

Crosthwaite Reyes ha dado a conocer que muchos establecimientos sobreviven únicamente porque operan como negocios familiares y no deben pagar renta.

Los ingresos apenas alcanzan para cubrir gastos inmediatos. Crosthwaite lo resumió con la frase “dinero que entra, dinero que pagas”.

El presidente de la Afamaro también expuso una situación frecuente entre pequeños empresarios: los programas de apoyo y créditos existen, pero los requisitos para acceder a ellos suelen ser imposibles de cumplir para quienes atraviesan dificultades financieras. Solicitar comprobaciones de liquidez bancaria a negocios que precisamente buscan financiamiento por falta de recursos termina excluyendo a gran parte del sector.

Otro punto relevante señalado es el impacto de la baja afluencia turística en Rosarito.

La preocupación expresada por la asociación no parece menor. Cada negocio que cierra representa pérdida de empleos, disminución de inversión y debilitamiento de la actividad económica local.

Si no se generan condiciones más favorables para el comercio y el turismo, el riesgo es que la crisis continúe extendiéndose a otros sectores productivos del municipio.