Italia reconoce el delito de feminicidio en su código penal y establece cadena perpetua como castigo
El parlamento de Italia, con 237 votos a favor, aprobó una ley que introduce el delito de feminicidio en su código penal.
En un hecho de gran trascendencia legal y social, el parlamento de Italia ha aprobado una ley que introduce el delito de feminicidio en su código penal, estableciendo la cadena perpetua como pena máxima.
Esta decisión, respaldada de manera unánime, coincide con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y representa una respuesta contundente a la ola de crímenes de género que ha conmocionado al país.
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Un consenso contra la violencia de género
Según The Associated Press, la ley obtuvo un amplio respaldo bipartidista durante la votación final en la Cámara Baja, con 237 votos a favor.
Tanto la mayoría de centroderecha como la oposición de centroizquierda apoyaron la normativa, impulsada por el gobierno conservador de la primera ministra Giorgia Meloni.
Esta unidad política refleja la urgencia social de abordar con firmeza la violencia que se ejerce contra las mujeres.
Más allá del Feminicidio: Medidas integrales
La nueva legislación no solo tipifica el feminicidio, sino que también fortalece las herramientas legales para combatir otras formas de violencia de género.
Entre las medidas más significativas se incluye un mayor rigor penal para delitos como el acecho o stalking y la difusión de pornografía no consensuada, conocida como revenge porn (porno por venganza). Este enfoque integral busca proteger a las mujeres en diversos ámbitos de agresión.
Acciones concretas y compromiso gubernamental
La primera ministra Giorgia Meloni destacó las iniciativas concretas que acompañan esta ley. Entre ellas, señaló la duplicación de los fondos destinados a centros antiviolencia y refugios para mujeres, la promoción de una línea de emergencia especializada y la implementación de actividades innovadoras de educación y concienciación.
Meloni recalcó que, si bien son avances significativos, el trabajo debe continuar de manera incesante.
La tragedia que catalizó el cambio: El caso Giulia Cecchettin
El debate público y la presión social que impulsaron esta ley se intensificaron notablemente tras el feminicidio de Giulia Cecchettin en 2023.
La joven universitaria fue asesinada por su expareja, un caso que generó una profunda conmoción y un examen nacional sobre las raíces de la violencia machista en la cultura patriarcal italiana. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra los feminicidios.
Las cifras que alarman a Italia
La cruda realidad estadística subraya la necesidad de esta ley. Según el Instituto Nacional de Estadística (Istat), en 2024 se han registrado 106 feminicidios en Italia.
De estas muertes, 62 fueron cometidas por parejas o exparejas de las víctimas, lo que evidencia el peligro que representa para muchas mujeres el entorno más cercano.
La polémica en la prevención: La educación sexual como campo de batalla
Mientras existe consenso en la represión penal, la prevención genera un intenso debate. El gobierno propone una ley que prohibiría la educación sexual y emocional en la escuela primaria y exigiría el consentimiento explícito de los padres para impartirla en la secundaria.
La coalición gobernante justifica esta medida como una protección para los niños contra el “adoctrinamiento ideológico”. Sin embargo, esta postura ha sido calificada como “medieval” por parte de la oposición y colectivos sociales.
La líder del Partido Democrático, Elly Schlein, ha abogado por hacer esta educación obligatoria en todos los ciclos escolares, argumentando que la mera represión es insuficiente sin una prevención sólida que comience en las aulas.
Italia es uno de los solo siete países europeos donde la educación sexual no es obligatoria, un vacío que, según los críticos, perpetúa los roles de género dañinos.
Un paso firme con un camino por recorrer
La aprobación de la ley contra el feminicidio marca un hito fundamental en la protección legal de las mujeres en Italia.
No obstante, el desacuerdo en torno a las estrategias de prevención, especialmente la educación, deja en evidencia que el consenso contra la violencia de género aún debe extenderse más allá de las penas para atajar las causas económicas, culturales y educativas que la sustentan.
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