Gobierno de Trump entregará información personal de beneficiarios de Medicaid al ICE, incluyendo sus direcciones y datos étnicos, para rastrear a más migrantes: AP

WASHINGTON.- En un acuerdo firmado el lunes entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se permitirá que los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) accedan a los datos personales de los 79 millones de beneficiarios de Medicaid.

Este intercambio de información incluye datos sensibles como nombres, domicilios, fechas de nacimiento, origen étnico, información sobre el Seguro Social y, en algunos casos, el número de seguro social de los beneficiarios.

Esta medida está siendo criticada por su posible impacto en la privacidad de los ciudadanos, especialmente aquellos con antecedentes migratorios. El acuerdo, aunque aún no anunciado públicamente, fue revelado por el medio The Associated Press (AP).

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¿Qué se sabe sobre este acuerdo?

Según el acuerdo, ICE podrá acceder a los datos personales de los beneficiarios entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., de lunes a viernes, hasta el 9 de septiembre. No se permitirá la descarga de los datos, sino solo su consulta durante este periodo. El acuerdo establece que el propósito principal de este acceso es rastrear a inmigrantes que pudieran no estar viviendo legalmente en Estados Unidos, utilizando la información personal para localizarlos.

El HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal, y en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables, para garantizar que los beneficios de Medicaid estén reservados para las personas que tienen derecho legal a recibirlos”, declaró Andrew Nixon, portavoz del HHS.

Sin embargo, el acuerdo ha generado preocupación entre legisladores y expertos en privacidad.

El impacto potencial sobre los inmigrantes en EEUU

El acceso de ICE a estos datos podría tener graves repercusiones para las personas que buscan atención médica, ya que muchos inmigrantes, tanto legales como indocumentados, se inscriben en el programa Medicaid de emergencia para acceder a atención médica vital en situaciones de emergencia. Este tipo de cobertura temporal está disponible incluso para personas que no son ciudadanos estadounidenses, pero solo cubre servicios de emergencia.

La publicación de esta información ha desatado un debate sobre la legalidad y la ética del intercambio de datos personales con fines de inmigración.

Hannah Katch, ex asesora de CMS, expresó su preocupación: “Es impensable que los CMS vulneren la confianza de los afiliados a Medicaid de esta manera”. Esta acción podría hacer que muchos inmigrantes y personas en situación irregular se sientan temerosos de buscar atención médica por miedo a ser identificados y deportados.

Reacciones políticas y legales

La medida ha generado una amplia reacción, especialmente entre legisladores demócratas. El senador Adam Schiff calificó el acuerdo de “violación masiva de nuestras leyes de privacidad”, añadiendo que esta acción “perjudicará a familias de todo el país y solo provocará que más ciudadanos renuncien al acceso vital a la atención médica”. Además, 20 estados han demandado la medida, alegando que esta infringe las leyes federales de privacidad sanitaria.

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El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha defendido su postura, asegurando que el acceso a los datos es una medida necesaria para garantizar que solo aquellos legalmente aptos reciban beneficios de Medicaid. Sin embargo, muchos han criticado la falta de transparencia y las posibles implicaciones para la confianza pública en el sistema de atención médica.

¿Qué sigue para los beneficiarios de Medicaid?

A pesar de las crecientes críticas, el acuerdo refleja un enfoque más agresivo por parte de la administración Trump en su lucha contra la inmigración ilegal. Si bien no está claro si el Departamento de Seguridad Nacional ya ha comenzado a utilizar estos datos, la medida deja claro el rumbo de las políticas de inmigración que se están implementando. Para los beneficiarios de Medicaid, este acuerdo representa una amenaza directa a su privacidad y puede alterar la forma en que muchos acceden a servicios médicos esenciales.

Con la fecha límite para el acceso a los datos fijada para el 9 de septiembre, el futuro de la medida dependerá de los esfuerzos legales en curso. Mientras tanto, la administración Trump continúa con su estrategia de deportación masiva, mientras los críticos exigen que se detengan las violaciones a la privacidad.

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