Así operaba la red de huachicol fiscal ligada al CJNG, descubierta tras decomiso de megabuque que venía de EEUU a México; revelan nombres de personas y empresas que estarían involucradas

CIUDAD DE MÉXICO.- — Autoridades mexicanas realizaron entre el 28 y 31 de marzo operativos en Ensenada (Baja California) y Altamira (Tamaulipas), donde aseguraron un megabuque Callenge Procyon proveniente de Texas, Estados Unidos y más de 18 millones de litros de diésel y otros hidrocarburos que entraron ilegalmente a México.

Las acciones en colaboración de a Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destaparon una red de huachicol fiscal ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que a su vez operaba empresas fachada, documentación aduanal manipulada y rutas marítimas internacionales en lo que representa el decomiso de combustible ilegal más grande en el País.

¿Qué es el huachicol fiscal?

Para comprender el término huachicol fiscal hay que puntualizar que a diferencia del huachicol, que ocurre en tomas clandestinas de ductos de Pemex, este consiste en introducir hidrocarburos sin pagar impuestos, usando declaraciones y documentación falsa en aduanas para simular el tipo de producto que se transporta, en este caso combustibles que no pasaban los estándares de Estados Unidos y eran comprados más baratos para ser vendidos a precio normal de mercado en algunos puntos de México.

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Los operativos tras el decomiso de megabuque con combustible ilegal

Uno de los operativos fue hecho en un predio localizado en el kilómetro 100 de la autopista Rosarito-Ensenada, colonia El Sauzal, municipio de Ensenada, donde se aseguraron 7.9 milones de litros de hidrocarburo, 100 contenedores tipo caja, 46 remolques cisterna, 19 tractocamiones y 12 motobombas.

Este predio se encuentra registrada a nombre del ex senador Gerardo Novelo Osuna, quien afirmó que se lo estaba rentando a Luis Francisco Rodríguez Orozco, alias “Gussy”, en tanto la SSPC abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Durante la conferencia mañanera del martes 8 de abril, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, confirmó que la entrada de diésel al país se dio mediante documentación falsa. Además, indicó que ya se habían iniciado acciones legales contra agencias aduanales y funcionarios que autorizaron el desembarco del combustible.

La documentación estaba manipulada, venía por cantidades que no eran, con un tipo de combustible que no era, y con esa información falsa se autorizó el ingreso del barco”, declaró el titular de la FGR.

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Empresas fachada y conexiones con el CJNG

En los decomisos realizados, se identificó la participación de la empresa Mefra Fletes, con operaciones en Nuevo León y Jalisco, según informes de Reforma publicados el 6 de abril.

Parte de la flota de pipas encontradas en Ensenada pertenecía a esta empresa, mientras que los terrenos utilizados para almacenar el combustible en Altamira también eran administrados por Mefra Fletes.

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Las autoridades federales también han relacionado a Mefra Fletes con Impulsora de Productos Sustentables (IPS), una empresa creada en Guadalajara en 2013 dedicada a la compra, venta y distribución de hidrocarburos.

Ambas compañías estarían involucradas en un esquema de al menos 15 empresas factureras y fantasma, algunas de las cuales, según la misma fuente, tendrían vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su cuenta de X (anteriormente Twitter), la periodista Michelle Rivera difundió una copia de lo que sería un documento oficial de la Aduana de Guaymas, en el que se autorizaba el despacho sin la presentación física de la mercancía a bordo del buque Torm Agnes.

Este buque atracó con casi 10 millones de kilos de lo que, según el comunicado, se trataba de “aditivos para aceites lubricantes a granel”.

La operación presuntamente habría sido solicitada por el agente aduanal Marco Aurelio “N” en nombre de Intanza S.A. de C.V. y aprobada por el subdirector de la Aduana de Guaymas, Juan Carlos Soto Pichardo, bajo el pedimento A4 número 25 12 1847 5000001.

Gracias a los decomisos, Pemex estima una recuperación financiera de hasta 452 millones de pesos al integrar el combustible incautado a su sistema de distribución.

El modelo de negocio del CJNG y las personas sancionadas por el huachicoleo fiscal

De acuerdo con un informe de Insight Crime de 2021, el CJNG comenzó a operar redes de huachicol en ductos desde mediados de la década de 2000.

La organización expandió su influencia en regiones clave como Veracruz, Puebla y Jalisco, y brindaba protección a pequeños grupos de huachicoleros locales.

Con el tiempo, diversificó sus actividades hacia el control de estaciones de servicio, extorsión a distribuidores legales y lavado de dinero mediante importaciones simuladas, como se observa en los casos recientes.

En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 26 empresas y 9 personas mexicanas vinculadas al CJNG por operar redes de huachicol.

Entre los sancionados figuraban Iván Cazarín Molina (“El Tanque”) y Alonso Guerrero Covarrubias (“El Ocho”), quienes presuntamente operaban tráfico de hidrocarburos desde Veracruz hacia Texas y Centroamérica. Según la OFAC, el huachicol fiscal se ha convertido en la actividad más lucrativa del CJNG fuera del narcotráfico.