Ministro de defensa surcoreano renuncia tras polémica declaración de ley marcial
La controversia estalló cuando el presidente Yoon declaró la ley marcial en un intento de controlar lo definjió como “tensiones crecientes” en el país.
SEÚL, Corea del Sur.- El Ministro de Defensa de surcoreano, Kim Yong-hyun, presentó su renuncia este miércoles, asumiendo parte de la responsabilidad en la controvertida declaración de la ley marcial impulsada por el presidente Yoon Suk Yeol. La medida, que ha sido revocada tan solo horas después de su proclamación, ha desencadenado una enorme crisis política en el país.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa confirmó la renuncia de Yong-hyun, subrayando que esta decisión busca restaurar la confianza pública en las instituciones gubernamentales tras el descontento generado por la fallida maniobra presidencial.
Reconozco la gravedad de la situación y la necesidad de rendir cuentas”, indicó en una reunión en privado, de acuerdo con fuentes cercanas al gobierno.
La controversia estalló cuando el presidente Yoon Suk-yeol declaró la ley marcial en un intento de controlar lo definjió como “tensiones crecientes” en el país. Sin embargo, la medida fue revocada pocas horas después ante la presión ejercida por el Parlamento, los sindicatos y organizaciones civiles, que denunciaron la acción como una amenaza directa a la democracia. La salida de Kim Yong-hyun ha sido interpretada como un movimiento estratégico para intentar contener el daño político.
Parlamento considera posible destitución del presidente
El impacto ha sido inmediato en el ámbito político. El Parlamento, con una oposición crítica al gobierno, está considerando iniciar un proceso de destitución contra el presidente Yoon. Por su parte, el primer ministro Han Duck-soo ha emitido duras críticas a la gestión presidencial, calificando la decisión como “innecesaria y peligrosa para el orden democrático”. Han podría asumir temporalmente el liderazgo del país si Yoon es destituido.
La crisis también ha agravado las divisiones dentro del partido gobernante y del gabinete, al tiempo que ha intensificado las demandas ciudadanas por mayor transparencia y responsabilidad en la administración pública. Diversos grupos civiles y sindicatos han llamado a mantenerse vigilantes para evitar futuras decisiones que pongan en riesgo la democracia del país.
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