Buscan que colectivos de madres buscadoras tengan reconocimiento legal y protección institucional

MÉXICO.- El trabajo de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, encabezados en su mayoría por madres, podría obtener reconocimiento jurídico formal y mayores garantías de seguridad si prospera una iniciativa presentada en el Senado. La propuesta busca integrar su labor en la ley para evitar que su participación dependa de decisiones discrecionales de las autoridades.

Según información de Proceso, la iniciativa fue presentada por la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT), quien propuso reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, así como la legislación relacionada con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La legisladora explicó que el objetivo es reconocer jurídicamente el trabajo de los colectivos de búsqueda, así como garantizar condiciones de seguridad y dignidad para quienes participan en estas labores, muchas veces en contextos de alto riesgo.

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“Su labor ha demostrado ser un componente relevante en la construcción de procesos de búsqueda con enfoque humanitario, sensibilidad social y cercanía con las familias”, señaló.

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Una realidad marcada por la violencia

Bañuelos expuso que esta problemática se vive con especial crudeza en Zacatecas, su estado de origen, donde existen más de 3 mil 800 personas desaparecidas o no localizadas, con una concentración significativa en municipios como Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Jerez.

La senadora sostuvo que incorporar esta realidad en la ley permitiría fortalecer la coherencia entre la norma y la acción pública, evitando que la participación de los colectivos quede sujeta a criterios coyunturales o a la voluntad de las autoridades en turno.

Reglas claras y coordinación institucional

De acuerdo con la iniciativa, el reconocimiento legal de los colectivos permitiría ordenar y sistematizar la interacción entre las autoridades y las organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda, estableciendo reglas claras de coordinación.

El planteamiento también busca fomentar un diálogo institucional más efectivo, basado en la confianza, la corresponsabilidad y el respeto a la autonomía de los colectivos, lo que reduciría la incertidumbre y mejoraría la eficacia de las acciones conjuntas.

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Una crisis nacional

La senadora recordó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México supera actualmente las 133 mil personas desaparecidas, una cifra que, dijo, refleja la profundidad y gravedad del problema a nivel nacional.

La propuesta legislativa pretende que el Estado reconozca formalmente a los colectivos como actores fundamentales en la búsqueda de personas, no solo como acompañantes, sino como parte estructural de los procesos.