Sedena cometió dos ‘errorcitos’ legales que le costarán 9.5 millones de pesos luego de que una empresa de seguridad interpusiera una demanda en su contra

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal condenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a pagar hasta 9 mil 534 millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices (STD), luego de que su área jurídica cometiera dos fallas clave: no acreditar la personalidad legal de sus representantes y presentar una apelación fuera de plazo.

La resolución deriva de una demanda presentada en septiembre de 2023 y fue dada a conocer a través de información judicial consultada por Reforma, así como resoluciones oficiales del Poder Judicial de la Federación.

El caso se relaciona con contratos de equipos de espionaje firmados hace más de una década y hoy se traduce en un impacto directo para las finanzas públicas.

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¿Por qué un juez ordenó pagar más de 9 mil millones de pesos?

El juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis, resolvió que la Sedena incumplió obligaciones de pago derivadas de 13 facturas, correspondientes a nueve contratos adjudicados de forma directa entre 2010 y 2012.

En su fallo, el juez ordenó:

Se condena a la parte demandada (Sedena) al pago del monto de las obligaciones incumplidas actualizadas”.

Y precisó:

“La cantidad adeudada total, actualizada con sus accesorios ascendería a 9 mil 534 millones de pesos”.

La sentencia fue notificada el 21 de noviembre.

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¿Qué errores cometió la Sedena durante el juicio?

El caso no se resolvió por el fondo del contrato, sino por errores procesales de la propia dependencia.

1. No acreditar representación legal

Cuando la Sedena respondió la demanda, la empresa STD argumentó que Pedro Bonilla Muñoz, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y Jorge Suárez Becerril, subjefe jurídico, no demostraron legalmente su personalidad como representantes.

El juez les dio la razón:

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“El escrito en donde Pedro Bonilla Muñoz… se ostentó como representante legal de la Sedena, se tiene como no presentado al no haber acreditado su personalidad”.

En marzo de 2024, el juzgado declaró a la Sedena en rebeldía, lo que implica que se tuvo por aceptado todo lo reclamado por la empresa demandante.

2. Apelación presentada fuera de tiempo

La Sedena intentó revertir esa decisión, pero cometió un segundo error: presentó la apelación de forma extemporánea.

Un Tribunal Colegiado de Apelación confirmó esta falla el 3 de julio de 2024, y la resolución quedó firme el 16 de agosto, cerrando cualquier posibilidad de corregir la falta de representación legal.

¿Por qué ya no puede revertirse la sentencia?

Debido a que la Sedena no se defendió legalmente en tiempo y forma, el juez estuvo obligado a condenar el pago total de lo reclamado por STD.

Aunque la dependencia apeló la sentencia final el 2 de diciembre, esa acción no puede revertir el punto central del caso, ya que la falta de personalidad de sus apoderados ya es cosa juzgada.

¿Quién es la empresa que ganó el juicio?

Security Tracking Devices (STD) es una empresa vinculada al empresario José Susumo Azano, quien fue proveedor de tecnología de espionaje en México.

STD fue una de las compañías que comercializó en el país el software Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group.

Antecedentes: contratos rescindidos y señalamientos previos

Los contratos con STD fueron rescindidos por la Sedena durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando la entonces PGR inició investigaciones relacionadas con estas adquisiciones.

En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias de STD y de Susumo Azano.

Además, el empresario fue condenado en 2017 en California a tres años de prisión, tras aceptar haber realizado aportaciones ilegales por 600 mil dólares a campañas de políticos en San Diego, ciudad donde tenía dos residencias.

¿Qué significa este fallo para el ciudadano?

• El pago saldría de recursos públicos, es decir, del presupuesto federal.
• El caso muestra cómo errores procesales pueden generar consecuencias económicas millonarias, aun sin analizar el fondo del contrato.
• La sentencia sienta un precedente sobre la importancia de la representación legal correcta en litigios del Estado.
• Aunque el caso sigue en trámite de apelación, el punto central ya no puede modificarse.

Este asunto ayuda a entender que no todos los juicios se pierden por corrupción o contratos, sino también por fallas básicas en la defensa legal, cuyos costos terminan pagando los contribuyentes.

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