Sentenciado a 33 años el agresor de una niña de cinco años en la Costa de Oaxaca: justicia alcanza a Alejandro R.H.R. tras dos años de proceso

Oaxaca. — El 18 de junio de 2023, en un terreno de cultivo de San Felipe Tututepec, distrito de Juquila, en la región de la Costa de Oaxaca, una niña de cinco años fue víctima de violación equiparada agravada. Este 02 de diciembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo una sentencia de 33 años de prisión contra el responsable, Alejandro R.H.R.

Un caso que estremeció a la región

La agresión ocurrió en un espacio agrícola de Tututepec. Aquel día quedó marcado por un hecho que sacudió profundamente a las familias de la zona. La denuncia presentada por los familiares de la niña activó de inmediato los protocolos de investigación de la Vicefiscalía Regional de la Costa, que asumió el caso bajo una perspectiva de género y protección reforzada para víctimas menores de edad.

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Mientras avanzaban las diligencias, los agentes ministeriales reunieron testimonios, dictámenes periciales y elementos que apuntaban directamente a Alejandro R.H.R., quien posteriormente fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Investigación ministerial y sentencia firme

A lo largo del proceso, la Fiscalía integró un expediente sólido que permitió sustentar la acusación. Las áreas de psicología, medicina legal y trabajo social participaron en un análisis multidisciplinario que fortaleció el caso ante los tribunales.Con estos elementos, la autoridad judicial determinó que existían pruebas suficientes para dictar una sentencia condenatoria de 33 años de prisión, además del pago de una multa y la reparación del daño en favor de la víctima.

Compromiso institucional con la protección de la niñez

La FGEO destacó que este resultado forma parte de sus acciones para combatir delitos contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Reiteró que uno de sus ejes principales es asegurar condiciones de vida libres de violencia en todo el estado, mediante unidades especializadas y personal capacitado para atender delitos de alto impacto.

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En un entorno donde las comunidades exigen respuestas claras y justicia efectiva, este fallo judicial se convierte en un mensaje contundente: la protección de la infancia no es negociable y cada agresor enfrentará consecuencias legales proporcionales al daño causado.