Congreso de Estados Unidos impulsa iniciativa para presionar a México por su política energética y el fortalecimiento de CFE y Pemex

Washington, D.C.– El Congreso estadounidense abrió un nuevo capítulo en la disputa comercial con México al presentar una iniciativa bipartidista que busca obligar al gobierno de Estados Unidos a actuar frente a las decisiones mexicanas que fortalecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El proyecto, encabezado por los representantes Jodey Arrington (republicano) y Henry Cuéllar (demócrata), propone que la administración estadounidense adopte medidas concretas ante lo que consideran violaciones de México al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia de energía.

La propuesta, respaldada también por Carol Miller, Nathaniel Moran, Beth Van Duyne, Aaron Bean y August Pfluger, refleja el desgaste acumulado en la relación bilateral desde que Washington y Ottawa iniciaron consultas formales en 2022 por la política energética mexicana.

México

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Acusaciones de incumplimiento y distorsión de mercado

Según los autores de la iniciativa, México ha incumplido compromisos fundamentales del T-MEC al restringir la operación de empresas estadounidenses en los sectores de electricidad e hidrocarburos. Argumentan que las decisiones del gobierno mexicano —como la prioridad otorgada a la CFE en la distribución eléctrica y los beneficios regulatorios a Pemex— reducen la competencia, frenan inversiones y distorsionan el mercado energético regional.

“El entorno regulatorio actual en México no solo vulnera los derechos de las empresas estadounidenses, sino que también pone en riesgo la integración energética y económica de América del Norte”, expusieron los legisladores texanos en un comunicado conjunto.

Fuerte carga política y regional

La presencia mayoritaria de legisladores provenientes de Texas no es casual. El estado es uno de los mayores exportadores de gas y energía hacia México, además de albergar a numerosas compañías con intereses directos en el mercado mexicano.

Para estos congresistas, las políticas del gobierno mexicano han tenido efectos negativos en la inversión transfronteriza y amenazan la estabilidad de un flujo energético que resulta vital para la economía texana y el equilibrio del sector energético norteamericano.

“Texas depende del comercio energético con México. Si se distorsionan las reglas del juego, se pone en riesgo empleo, infraestructura y competitividad en ambos lados de la frontera”, subrayó Jodey Arrington, presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes.

Dos rutas de presión diplomática

El proyecto de ley instruye a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a tomar una de dos vías para responder a México:

1. Solicitar un panel de solución de controversias bajo el Capítulo 31 del T-MEC, mecanismo que permite resolver disputas formales entre los países socios.
2. Utilizar la primera revisión general del tratado, prevista para 2026, como herramienta para exigir a México un acceso equitativo a las empresas estadounidenses en los sectores de electricidad, hidrocarburos e inversión.

Además, la propuesta establece un plazo de 90 días para que la USTR informe al Congreso sobre las acciones emprendidas y los avances logrados.

Antecedentes de la disputa energética

La iniciativa legislativa retoma las consultas bilaterales iniciadas en julio de 2022, cuando Estados Unidos y Canadá acusaron a México de violar el T-MEC por medidas que, a su juicio, favorecen a las empresas estatales CFE y Pemex en detrimento de competidores privados.

Entre los puntos más controvertidos se encuentran las reformas regulatorias en el sector eléctrico, los requisitos de contenido nacional, los cambios en permisos de importación y exportación de combustibles, así como las restricciones a proyectos de energía limpia impulsados por empresas extranjeras.

Aunque el conflicto no ha derivado aún en un panel arbitral formal, la presión del Congreso estadounidense eleva el tono político y podría acelerar decisiones en la Casa Blanca antes de la revisión del T-MEC en 2026.

Implicaciones para la relación bilateral

Analistas advierten que la iniciativa bipartidista marca un endurecimiento en la postura de Estados Unidos hacia la política energética de México, un tema que ha tensado la relación durante los últimos años.

México

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Si el proyecto prospera, podría forzar a la administración del presidente Joe Biden a tomar una posición más firme frente al gobierno mexicano, en un contexto donde la energía, el comercio y la política industrial se han convertido en temas centrales de la agenda norteamericana.

Mientras tanto, México mantiene su postura de que las medidas adoptadas responden a su derecho soberano de proteger sus recursos estratégicos y fortalecer a las empresas del Estado como pilares de su política energética nacional.

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