Madre debe desenterrar a su hija por errores de la Fiscalía de Guanajuato; sus restos estaban mezclados con los de al menos otras 4 personas
Inicia investigación por caso de revictimización en Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO. 18 DE JULIO DE 2025.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) abrió una queja oficiosa contra la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que se revelara que los restos entregados hace cinco años a Teresa Marmolejo López, madre de Dulce Alejandra, estarían mezclados con los de al menos otras cuatro personas.
Según Milenio, la queja fue registrada bajo el expediente 1684/2025 e inició el pasado jueves 17 de julio, tras la denuncia pública de la señora Teresa. Ella ha exigido que la FGE cumpla con los protocolos establecidos, con el fin de evitar más casos de revictimización.
Teresa Marmolejo relató que el personal de la FGE le informó por teléfono sobre la necesidad de exhumar los restos de su hija, los mismos que había sepultado en 2020. La razón: la caja contenía los restos mezclados de cinco personas —tres mujeres, incluida su hija, y dos hombres. Los restos “correctos” podrían ser entregados hasta dentro de tres meses.
La Procuraduría de Derechos Humanos investiga mezcla de restos en caso de Dulce Alejandra, víctima de homicidio
Dulce Alejandra desapareció el 16 de julio de 2020. Fue privada de la libertad y, tras una denuncia, se realizaron pruebas de ADN a su madre y a su hijo para identificar los restos encontrados en la región Laja-Bajío. El cuerpo fue entregado a la familia y sepultado el 31 de agosto de ese mismo año.
Sin embargo, durante el funeral no se permitió a la familia abrir el ataúd. La única forma en que Teresa pudo identificar a su hija fue a través de fotografías: el rostro, las manos y las muñecas. La joven fue decapitada.
Hoy, cinco años después, la señora Teresa tuvo que ver cómo su hija era desenterrada por posibles errores forenses.
Ella y los dos hijos adolescentes de Dulce Alejandra, quienes quedaron huérfanos tras el asesinato, ahora exigen una reparación integral del daño, debido al dolor psicológico y emocional causado por esta situación.
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas ha confirmado que asumirá la representación legal de la familia.
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