Desde la llegada del megabuque de EEUU con millones de litros de diésel ilegal, el huachicol fiscal se convirtió en una red estructurada con complicidades, permisos legales y omisiones; denuncian una “cadena de impunidad”
El huachicol fiscal se refiere al contrabando de hidrocarburos que entra a México por vías legales aparentes, pero con irregularidades.
MÉXICO.— El tráfico ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México, también conocido como “huachicol fiscal”, se ha convertido en una red estructurada que involucra complicidades, permisos legales y omisiones de autoridades.
Según un reportaje de Reforma, este delito ha evolucionado con logística compleja y respaldo financiero.
El huachicol fiscal se refiere al contrabando de hidrocarburos que entra a México por vías legales aparentes, pero con irregularidades. A diferencia del robo de ductos, esta modalidad se realiza con el uso de empresas fachada, contratos legales y redes logísticas completas, que incluyen barcos, trenes, pipas, tanques y gasolineras.
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Sergio Reynoso, representante de Canacintra ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, explicó:
Utilizan empresas fachada o tratan, por ejemplo, si alguien ya está importando hidrocarburo, de sobornar a algún empleado para que, dentro de esa importación, meta parte del hidrocarburo ilegal”.
¿Cómo entra el combustible ilegal a México?
La operación se disfraza de legalidad desde la frontera. El combustible se adquiere en Estados Unidos con permisos reales. Posteriormente, se transporta por mar o tierra y se mezcla con combustible legal, lo cual dificulta su rastreo.
La logística es financiada por empresas que aparentan ser formales y utilizan infraestructura visible como barcos, pipas y terminales.
Las complicidades con personal de aduanas y autoridades de seguridad fronteriza son parte esencial del esquema.
De acuerdo con expertos, existen registros de permisos, operaciones bancarias y movimientos logísticos, pero no se investigan.
¿Por qué sigue ocurriendo?
Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, explicó que el fenómeno persiste por la falta de consecuencias legales.
El huachicol, como todos los delitos, va a estar sujeto a modificaciones, en la medida en la que alguien se dé cuenta que hay un área inexplorada que puede desarrollarse, que no está siendo combatida, en donde hay complicidades y en donde hay un gran ingreso económico”, dijo.
Añadió que esta nueva forma de huachicoleo “es mucho más sofisticada respecto a, simple y sencillamente, perforar un ducto y sustraer el hidrocarburo”, ya que requiere una red organizada, recursos financieros, y sobre todo “complicidad corrupta en aduanas y con las autoridades que controlan la seguridad fronteriza”.
¿Quién está detrás?
Las investigaciones apuntan a una mezcla de empresas privadas, tanto mexicanas como estadounidenses, y funcionarios públicos. Algunos actores operan con apariencia de legalidad, mientras que otros participan como facilitadores dentro de instituciones.
Las empresas fachada sirven como intermediarias para contratar transportes, adquirir permisos y operar cuentas bancarias.
Aunque se cuenta con datos sobre permisos de importación, rentas de infraestructura y movimientos financieros, no existen acciones sistemáticas para seguir la pista de estas operaciones.
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¿Qué consecuencias tiene?
El impacto es doble:
- Afecta la economía formal al generar competencia desleal y debilita los esfuerzos de seguridad energética en México.
- Incentiva redes de corrupción que se vuelven difíciles de erradicar.
Según el artículo de Reforma, la persistencia del ‘huachicol fiscal’ muestra que, sin consecuencias claras y sin fiscalización real de las cadenas de importación y distribución, estas prácticas seguirán afectando al país.
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