Comunidades indígenas de Pantelhó aprueban elecciones extraordinarias, pero advierten que deberán ser “limpias y sin fraudes”

PANTELHÓ, Chiapas.- Habitantes de Pantelhó manifestaron su acuerdo con la resolución emitida el pasado 21 de mayo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó al Congreso de Chiapas convocar a elecciones extraordinarias este año en el municipio.

Los consultados, quienes pidieron mantener su anonimato, señalaron que las elecciones les permitirán ejercer su derecho al voto, pero advirtieron que las autoridades deben garantizar que los comicios sean “limpios y sin fraude”.

“A la gente de las comunidades indígenas les pareció bien el resolutivo del tribunal para que haya elecciones”, afirmaron, y agregaron que esperarán a que el Congreso local emita la convocatoria.

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El TEPJF también exigió modificar el decreto 467, mediante el cual la Comisión Permanente del Congreso de Chiapas nombró el 30 de septiembre pasado un concejo municipal por tres años. El fallo establece que la permanencia de las autoridades actuales quedará sujeta a la celebración de elecciones en 2025.

Desde el 1° de octubre de 2023, Pantelhó es gobernado por un concejo municipal designado por el Congreso estatal. Sin embargo, su legitimidad ha sido cuestionada por las autodefensas El Machete, que agrupan a la mayoría de los pobladores de las comunidades.

Este grupo denunció que el concejo está integrado por miembros y allegados de Los Herrera, facción con la que mantienen una disputa por el poder político desde 2021.

Ante el vacío de poder, el Congreso estatal nombró un concejo encabezado por Pedro Cortés López, quien fue sentenciado a 110 años de prisión en 2022

Las últimas elecciones en Pantelhó se realizaron en 2021, pero las autoridades electas no pudieron asumir debido a la toma de la alcaldía por parte de El Machete.

Ante el vacío de poder, el Congreso estatal nombró un concejo encabezado por Pedro Cortés López, quien en 2022 fue detenido y, junto con el concejal Diego Mendoza, sentenciado a 110 años de prisión por la desaparición de 19 personas.

También estaba vinculado al caso el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, asesinado en octubre de 2023 en San Cristóbal de las Casas.

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