Pueblos cholultecas logran acuerdo histórico contra expansión inmobiliaria

SAN ANDRÉS CHOLULA.- Tras 36 horas de bloqueos en la carretera federal Puebla-Atlixco, organizaciones y pueblos cholultecas lograron un acuerdo clave con el gobierno estatal y el ayuntamiento de San Andrés Cholula, según fuentes de Proceso. El objetivo: que sus estrategias comunitarias sean incorporadas en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, frenando el avance de megaproyectos inmobiliarios sobre sus territorios.

La protesta, que mantuvo en tensión a la región, derivó en una mesa de negociación con el subsecretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y la alcaldesa Guadalupe Cuautle. Finalmente, las autoridades aceptaron retomar un convenio previo que garantiza la participación de las comunidades en las decisiones sobre sus tierras, evitando su desplazamiento y la sobreexplotación de recursos como el agua.

Acuerdo histórico: universidades y gobierno analizarán estrategias comunitarias

Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que académicos de la Ibero, BUAP y UDLAP presentarán estudios técnicos sobre las propuestas de los pueblos originarios. Estos análisis se realizarán con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, asegurando que las soluciones sean jurídica y técnicamente viables.

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El documento firmado señala que, de comprobarse la factibilidad, las autoridades iniciarán el proceso para integrar las estrategias comunitarias al plan de desarrollo urbano. Este paso es crucial para frenar el crecimiento descontrolado de fraccionamientos que amenazan la identidad y los recursos naturales de la región.

¿Qué piden los pueblos cholultecas?

Las comunidades exigen medidas concretas para proteger sus tierras y recursos:

• Polígonos de protección: Establecer zonas no vendibles alrededor de los pueblos originarios.
• Frenar la especulación inmobiliaria: Revertir el aumento en los costos de escrituración que afecta a las familias cholultecas.
• Detener la extracción desmedida de agua: Implementar estudios sobre riesgos de hundimientos y escasez hídrica.
• Participación activa en decisiones urbanas: Garantizar que las voces de los pueblos sean escuchadas en futuros proyectos.

Estas demandas buscan detener el despojo histórico que han enfrentado las comunidades ante el avance de desarrollos inmobiliarios, muchos de ellos impulsados sin consulta previa.

Un precedente contra el despojo de tierras en México

Este acuerdo marca un hito en la lucha por la autonomía territorial en México. No solo refuerza el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre sus tierras, sino que también sienta un precedente legal para otras regiones amenazadas por la expansión urbana descontrolada.

El caso de San Andrés Cholula refleja un conflicto nacional: el choque entre megaproyectos inmobiliarios y las comunidades que resisten el desplazamiento. La intervención de universidades y autoridades ambientales podría convertirse en un modelo para equilibrar desarrollo y preservación cultural.

¿Qué sigue después del acuerdo?

Aunque el diálogo ha dado frutos, las comunidades mantendrán la vigilancia para asegurar que los compromisos se cumplan. Los próximos pasos incluyen:

• Presentación de estudios universitarios sobre viabilidad de las estrategias.
• Revisión jurídica por parte del gobierno estatal.
• Implementación de medidas de protección en el Programa de Desarrollo Urbano.

Si las autoridades cumplen, este caso podría convertirse en un ejemplo de gobernanza participativa, donde las comunidades no solo son escuchadas, sino que sus propuestas se convierten en política pública.

Un triunfo de la organización comunitaria

La movilización de los pueblos cholultecas demuestra que la resistencia organizada puede lograr cambios. Tras años de lucha, han conseguido que el gobierno reconozca su derecho a proteger su territorio.

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Sin embargo, el verdadero reto está en la implementación. Si las promesas se traducen en acciones, este acuerdo podría marcar el inicio de una nueva relación entre desarrollo urbano y derechos indígenas en Puebla.

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