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Sheinbaum negocia con EEUU y gobiernos estatales para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944 sin afectar a productores

La presidenta Sheinbaum busca un acuerdo conjunto que equilibre las obligaciones internacionales con la situación local

Sheinbaum negocia con EEUU y gobiernos estatales para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944 sin afectar a productores

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración mantiene negociaciones con los gobiernos estatales de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944 suscrito con Estados Unidos.

El objetivo, dijo, es entregar el agua comprometida sin afectar a los productores agrícolas de estas entidades, que enfrentan sequías severas desde hace al menos tres años.

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¿Qué es el Tratado de Aguas de 1944?

El Tratado de Aguas de 1944 es un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos que regula el uso y distribución de las aguas de los ríos Bravo y Colorado.

El pacto establece que, durante ciclos de cinco años, ambos países deben entregar volúmenes específicos de agua. En este ciclo actual, que concluye en octubre de 2025, México ha entregado apenas el 30% del volumen comprometido.

El Tratado de Aguas de 1944 sigue vigente y ha funcionado durante casi 80 años, con flexibilidad, reglas claras y supervisión técnica. Foto: Especial (AP/Gobierno de México/Agencia Reforma)

Exigencias de Estados Unidos

El expresidente Donald Trump acusó a México de incumplir el tratado y amenazó con imponer aranceles en represalia. Según sus declaraciones en la red Truth Social, México debe entregar 1.3 millones de acres-pies de agua, equivalente a aproximadamente 1,603 millones de metros cúbicos. Trump aseguró que el incumplimiento perjudica a los agricultores del sur de Texas.

¿Qué acciones ha tomado el gobierno federal?

La presidenta Sheinbaum explicó que se han iniciado reuniones con los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua para buscar una solución conjunta que permita cumplir con el tratado sin agravar la situación de los productores nacionales.

Al mismo tiempo, hay una mesa de trabajo en la que participan la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para dialogar con autoridades estadounidenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su "Conferencia del Pueblo"| Crédito: Presidencia

Postura de los gobiernos estatales

  • La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aclaró que el tema del tratado no fue parte de su reunión con autoridades federales. Enfatizó que su entidad enfrenta una sequía extrema, lo cual impide entregar agua sin poner en riesgo a su población y al sector productivo local.
  • El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, mostró disposición para colaborar, aunque señaló que se revisará el nivel de agua en las presas estatales antes de tomar una decisión. Indicó que es necesario cuidar tanto el bienestar estatal como el cumplimiento de los compromisos internacionales.
  • En Coahuila, el gobierno estatal y el municipio de Acuña suspendieron el trasvase de agua de la presa La Amistad a la presa Falcón, tras una alerta sobre el aumento en la extracción del recurso. Sin embargo, Conagua informó que esta extracción no está relacionada con el tratado, sino que responde a necesidades ordinarias de abasto en 13 ciudades del noreste del país.
Conagua aclara que extracción de agua en presa La Amistad es para abasto local y no para entrega a EEUU
Foto: 24-horas.mx

¿Qué sigue en la negociación?

Mientras continúan las conversaciones entre México y Estados Unidos, el secretario Julio Verdegué sostiene reuniones con su homóloga estadounidense para revisar el avance del cumplimiento. Las autoridades mexicanas trabajan en un acuerdo integral que permita saldar el compromiso sin comprometer la seguridad hídrica de los estados involucrados.

El cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 es fundamental para mantener relaciones diplomáticas y comerciales estables entre México y Estados Unidos. A la vez, garantizar el acceso al agua para las poblaciones mexicanas es un derecho prioritario que debe equilibrarse con los compromisos internacionales.

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