Gobierno federal moderniza Compranet y endurece reglas contra la corrupción

Ciudad de México.- La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó este jueves los ejes principales de las nuevas leyes de Adquisiciones y Obras Públicas impulsadas por el gobierno federal.

Durante la conferencia matutina, destacó que estas reformas buscan transformar profundamente los procesos de contratación del Estado con mayor transparencia, eficiencia y diálogo estratégico con proveedores.

Entre los cambios más relevantes está la implementación de negociaciones estratégicas previas con los proveedores, especialmente en casos donde los productos o servicios aún no existen en el mercado.

México

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Buenrostro explicó que estos diálogos buscan mejorar las condiciones de compra sin comprometer el interés público, y que además se trasladarán al ámbito de las obras públicas para reducir tiempos administrativos y elevar la calidad de las propuestas.

Otro punto central de las reformas es el fortalecimiento de las compras consolidadas y los acuerdos macro, lo que permitirá aprovechar economías de escala.

Adquisiciones gubernamentales

Asimismo, se incrementará el contenido nacional obligatorio en las adquisiciones gubernamentales del 50% al 65%, con el objetivo de incentivar las cadenas de valor locales y favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

También se brindarán facilidades como anticipos, pagos oportunos y licitaciones simplificadas para fomentar su participación.

En cuanto al sistema Compranet, la funcionaria aclaró que no desaparecerá, sino que se moderniza para ser más modular, económico y funcional.

Una de las novedades será una tienda digital que permitirá a las dependencias adquirir productos de uso común de forma ágil y transparente.

Asimismo, se oficializan en la ley medidas que ya existían de forma administrativa para evitar casos de corrupción como el de la Estafa Maestra, restringiendo adjudicaciones directas entre dependencias.

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Finalmente, en materia de obras públicas, la reforma plantea acortar los tiempos de contratación hasta en una tercera parte, fortalecer la figura del supervisor de obra —quien será responsable solidario— y establecer nuevas obligaciones para garantizar la calidad de las construcciones.

“Cada peso cuenta porque es dinero del pueblo, y por eso apostamos por procesos abiertos, claros y eficientes”, concluyó Buenrostro.