Van por toda la información financiera de Ricardo Salinas Pliego y Lenia Batres tiene puesto clave en eso

CIUDAD DE MÉXICO.-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la ministra Lenia Batres Guadarrama está facultada para resolver una impugnación presentada por el empresario Ricardo Salinas Pliego en el marco de un amparo que busca evitar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acceda a su información bancaria, reveló Proceso. La decisión fue tomada por unanimidad durante la sesión del miércoles 5 de marzo del 2025, en la que se avaló la propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, ponente del caso, para desechar el impedimento planteado por Salinas Pliego contra Batres Guadarrama.

Contexto del caso

El conflicto se origina en un amparo en revisión que Salinas Pliego interpuso para evitar que la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), obtenga su información bancaria sin una orden judicial. El empresario argumenta que esta facultad de la UIF viola su derecho al secreto bancario y bursátil.

El 1 de diciembre de 2021, la UIF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información financiera de Salinas Pliego, incluyendo datos bancarios, crediticios y bursátiles, desde el 1 de enero de 2012 hasta la fecha de la solicitud. Esta petición formaba parte de una investigación para determinar si el empresario incurría en delitos financieros.

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En respuesta, Salinas Pliego interpuso un amparo, y el Juez Décimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México declaró inconstitucionales los artículos de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Mercado de Valores que permiten a la UIF solicitar información bancaria sin autorización judicial. Como resultado, se concedió el amparo al empresario, impidiendo que la UIF aplicara dichos artículos en su caso.

Recursos de revisión y turno a la SCJN

Contra esta decisión, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, presentaron recursos de revisión que llegaron a la SCJN. El caso fue turnado a la ministra Lenia Batres, quien ya presentó un proyecto de resolución en el que propone revocar la sentencia de amparo que beneficia a Salinas Pliego y declarar constitucional la facultad de la UIF para obtener información bancaria sin necesidad de una orden judicial.

Impedimentos y recursos de reclamación

Salinas Pliego intentó evitar que Batres resolviera el caso, presentando un impedimento para que la ministra no pudiera conocer del amparo. Sin embargo, la Presidencia de la Corte desechó esta petición. Ante esto, el empresario presentó un recurso de reclamación, pero como este debía ser resuelto por la misma Batres, planteó un nuevo impedimento contra ella.

La Primera Sala de la SCJN desechó este segundo impedimento, estableciendo que, en asuntos de mero trámite, los impedimentos deben rechazarse de manera automática para evitar prácticas dilatorias que obstaculicen la impartición de justicia expedita, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ministra Margarita Ríos Farjat argumentó que permitir este tipo de impedimentos generaría retrasos innecesarios y afectaría la eficacia de la justicia. Con esta decisión, Batres Guadarrama podrá continuar con la resolución de la impugnación presentada por Salinas Pliego.

Implicaciones del caso

Este caso tiene implicaciones importantes en la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, ya que la UIF es una herramienta clave para investigar delitos financieros. Si la SCJN avala la facultad de la UIF para solicitar información bancaria sin orden judicial, se fortalecerían las capacidades de esta unidad para combatir actividades ilícitas. Por otro lado, una resolución favorable a Salinas Pliego podría limitar las facultades de la UIF y sentar un precedente para otros casos similares.

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Deuda fiscal de Salinas Pliego

En paralelo a este caso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que las empresas de Ricardo Salinas Pliego acumulan una deuda fiscal de 63 mil millones de pesos. De esta cantidad, más de 53 mil millones corresponden a juicios fiscales previos y en proceso, mientras que 10 mil millones se generaron durante la administración de AMLO.

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que esta deuda es el resultado de auditorías realizadas entre 2008 y 2018, y que el 90% de la misma está relacionada con la consolidación fiscal, una figura eliminada en 2013. La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, acusó a las empresas de Salinas Pliego de abusar de esta figura y de utilizar interpretaciones convenientes para evadir sus obligaciones fiscales.