Profepa asegura 121 tortugas y 16 ranas que serían presuntamente traficadas a Japón

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La noche de este viernes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 137 ejemplares de vida silvestre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez, que presuntamente serían traficados de manera ilegal a Tokyo-Narita, Japón. Entre los animales incautados se encuentran 121 tortugas y 16 ranas, envueltas en calcetines, envases de plásticos, y empaquetadas en dos maletas.

El aseguramiento fue posible gracias a la colaboración de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Marina y una línea aérea, que durante la revisión con rayos X del equipaje detectó el contenido inusual de las maletas. Los ejemplares asegurados incluyen 53 tortugas de caja (Terrapene carolina), 3 tortugas de monte (Terrapene nelsoni), 10 tortugas chacarita cora (Kinosternon cora), 53 tortugas chopontil (Claudius angustatus), 2 tortugas pecho de carey (Trachemys venusta) y 16 ranas árbol coronadas (Triprion spinosus).

La mayoría de estas especies están protegidas bajo la NOM-059-Semarnat-2010 y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), con excepción de las tortugas pecho de carey y las ranas árbol coronadas, que no cuentan con categoría de protección. Tras una revisión, las tortugas se encontraron en buen estado físico, mientras que las ranas presentaban un estado regular, aletargadas pero sin lesiones.

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Los ejemplares no contaban con un sistema de marcaje que permitiera acreditar su legal procedencia. La Profepa, a través de su oficina en la Zona Metropolitana del Valle de México, realizó este aseguramiento como parte del Programa de Verificación e Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras.

La procuradora Mariana Boy Tamborrell condenó enérgicamente el intento de tráfico ilegal, destacando las graves consecuencias para las poblaciones silvestres y el estrés al que son sometidos los ejemplares.

La Profepa prepara una denuncia penal contra la persona que documentó las maletas, ya que el tráfico de especies protegidas puede acarrear penas de 1 a 9 años de prisión y multas de 300 a 3,000 días de salario mínimo, incrementándose si se afectan áreas naturales protegidas o se realizan con fines comerciales.