Fiscalía no logró vincular a proceso a exfuncionarios del AICM por presunto fraude en contrato de 442 millones de pesos: ¿Cómo fue el caso?

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) no pudo demostrar un presunto fraude en un contrato de 442 millones de pesos otorgado para el mantenimiento de los equipos de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Dos instancias judiciales determinaron que no hay elementos suficientes para vincular a proceso a cinco exfuncionarios del AICM y tres exempleados de la empresa Provetecnia, acusados de causar un daño a la hacienda pública de 229 millones 301 mil 253 pesos.

¿Qué pasó con el contrato del AICM?

El 30 de noviembre de 2021, el AICM adjudicó de manera directa a Provetecnia un contrato por 422 millones 275 mil 178.15 pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad de las marcas L3Communications y CEIA. El convenio, vigente del 1 de diciembre de 2021 al 30 de noviembre de 2023, incluía el servicio de:

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Marianne Gonzaga se queda detenida, es vinculada a proceso

• 72 máquinas de rayos X
• 22 detectores de metales
• 61 trazas de detectores de explosivos
• 16 tomógrafos

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Sin embargo, en marzo de 2023, la nueva administración militar del AICM, bajo el mando del Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, denunció ante la FGR un presunto fraude en el contrato. Alegaron que Provetecnia y los exfuncionarios simularon trabajos de mantenimiento, cobrando por servicios no prestados.

¿Qué alegó la Fiscalía?

La FGR señaló que Provetecnia facturó servicios que no se realizaron, como el mantenimiento de equipos fuera de servicio, incluyendo un tomógrafo y cuatro detectores de explosivos. Además, acusaron a la empresa de presentar documentos falsos para obtener el contrato, ya que Leidos, fabricante de los equipos, negó haber otorgado licencias de mantenimiento y certificaciones a Provetecnia.

Entre marzo de 2022 y mayo de 2023, el AICM pagó 43 facturas por un total de 229 millones 301 mil 253.86 pesos, monto que la Fiscalía consideró como un lucro indebido obtenido mediante “argucias legales y engaños”.

¿Por qué no hubo vinculación a proceso?

El 24 de marzo de 2024, un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur dictó la no vinculación a proceso de los imputados, argumentando que las irregularidades eran de carácter administrativo y no penal. El juez determinó que las discrepancias entre las bitácoras de servicio y las facturas ya habían sido subsanadas mediante deducciones a los pagos.

Además, declaró como prueba ilícita la carta de Leidos que negaba las licencias y certificaciones, ya que fue obtenida por correo electrónico y no a través de canales diplomáticos, como exige la ley.

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¿Qué sigue en el caso?

Aunque el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación confirmó la no vinculación a proceso, revocó la cancelación definitiva de la investigación, lo que permite a la FGR continuar indagando y eventualmente reabrir el caso. Algunos de los imputados, como José María Salazar Escalona, exrepresentante de Provetecnia, ya presentaron amparos contra esta decisión.

El tribunal señaló que la FGR podría “regularizar” la prueba ilícita solicitando los documentos de Leidos por canales oficiales, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación. Sin embargo, allegados al caso indican que esto no probará que la carta sea falsa, ya que las licencias y certificaciones fueron emitidas por L3Harris, empresa que se dividió y vendió parte de sus activos a Leidos.