¿Ricardo Anaya podría ir a la cárcel? Así avanza el caso de presunta falsificación de documentos donde él está implicado

México.- Un juez federal dictó vinculación a proceso contra María Angélica Martínez Reyes, ex funcionaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por los delitos de contra la administración de justicia y uso de documento público falso, según el portal web La Jornada.

Según la imputación, estas acciones beneficiaron a la empresa Juni Serra, en la que son accionistas Ricardo Anaya Cortés, exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN), su cónyuge y su suegro.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción comprometió que la ex servidora pública utilizó su carga para retirar a Juni Serra de la lista de empresas factureras, es decir, aquellas que simulan operaciones financieras. Sin embargo, pese a la gravedad del caso, el juez de control del Reclusorio Sur determinó que Martínez Reyes podrá enfrentar su proceso en libertad.

México | Noticias de México | EL IMPARCIAL

Acusan a ex servidora de SAT por ‘ayuda’ a empresa de Anaya y la procesan

Vinculación de Juni Serra con Ricardo Anaya

La investigación reveló que Danino Ángel Martínez Diez, suegro de Ricardo Anaya, es accionista de Juni Serra, empresa señalada por su presunta participación en la compra simulada de un terreno en Querétaro por 54 millones de pesos. En abril de 2018, cuando Anaya Cortés era candidato presidencial del PAN, presentó documentos para justificar la compra del predio de 13,589 metros cuadrados.

El 8 de abril de ese año, La Jornada informó la versión del ex candidato, quien afirmó que Juni Serra, empresa de su propiedad y la de su cónyuge, adquirió el terreno por 15 millones 302 mil pesos. Posteriormente, en el predio se construyó una nave industrial con un costo de 18 millones 295 mil pesos, sumando un total de 33 millones 598 mil pesos en inversión.

Firma de resolución apócrifa

De acuerdo con la fiscalía, la ex funcionaria del SAT firmó una resolución que confirmaba la presunción de que Juni Serra era una empresa facturera. Sin embargo, al mismo tiempo, autorizó otra resolución apócrifa, en la que se exoneraba a la empresa de dicho señalamiento.

Esta acción permitió que Juni Serra fuera eliminada de la lista negra del SAT, librándose de las sanciones correspondientes. Para la fiscalía, este hecho demuestra que María Angélica Martínez Reyes favoreció a la compañía en detrimento de los intereses fiscales de la federación, impidiendo que el gobierno sancionara y combatiera el uso de empresas “fachada”.

También te puede interesar: Ricardo Anaya critica “incongruencia” de Sheinbaum en G20: “Es preocupante que salgamos a decir una cosa y en casa hagamos exactamente lo contrario”

Este proceso podría derivar en nuevas investigaciones sobre la posible participación de Ricardo Anaya y su círculo cercano en el uso de empresas fantasma para operaciones financieras irregulares. Hasta el momento, el ex candidato presidencial no ha emitido declaraciones sobre la vinculación al proceso de la ex funcionaria del SAT.

El caso sigue en desarrollo y la fiscalía continuará con la recolección de pruebas para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.