Esto se sabe acerca de los militares presuntamente responsables del caso de Ernestina Asunción, mujer náhuatl violada y asesinada
El consejero jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha, aseguró que el Estado no reconocerá la participación de agentes estatales en la violación tumultuaria , argumentando que no hay pruebas de un vínculo directo.
México.- El Estado mexicano se allanará solo parcialmente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) sobre la grave violación a los derechos humanos de Ernestina Ascensión, una mujer náhuatl de Veracruz que murió el 26 de febrero de 2007 tras un brutal ataque sexual por parte de un grupo de soldados en su pueblo, Tetlatzinga, en la sierra de Zongolica, según el portal web La Jornada.
El consejero jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha, aseguró que el Estado no reconocerá la participación de agentes estatales en la violación tumultuaria, argumentando que no hay pruebas de un vínculo directo.
Tampoco admitirá que se haya negado el acceso a la información a organizaciones de derechos humanos, que en su momento solicitaron la apertura del expediente de Ernestina Ascensión.
Las autoridades estatales ocultaron o entregaron censurados, impidiendo que se conocieran pruebas clave. Durante la audiencia en la Coridh, su hija, Marta Inés Ascensión, habló por primera vez ante un tribunal, relatando en náhuatl y entre lágrimas la violenta muerte de su madre, una mujer de 73 años que pastoreaba sus ovejas y convivía con sus vecinas.
El papel de Felipe Calderón en el encubrimiento
Uno de los momentos más tensos de la audiencia ocurrió cuando se recordó que el entonces presidente Felipe Calderón, apenas 18 días después del crimen, declaró que Ernestina Ascensión había muerto por una gastritis no atendida, lo que desvió la investigación y permitió que las autoridades judiciales, militares y estatales aseguraran la impunidad de los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y algunos jueces del tribunal señalaron que Calderón falseó la experiencia de las víctimas sin realizar una comprobación mínima razonable.
Cuando la Coridh preguntó si algún presidente posterior rectificó la declaración de Calderón, los funcionarios gubernamentales presentes, entre ellos representantes de la Embajada, Cancillería, Defensa y Gobernación, guardaron silencio. Finalmente, tuvieron que admitir que ningún gobierno ha corregido la versión oficial.
Encubrimiento y manipulación de pruebas
Durante la investigación en 2007, múltiples evidencias médicas confirmaron la violación sexual y las lesiones mortales sufridas por Ernestina Ascensión. Sin embargo, el entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, intentó silenciar las protestas con dádivas a la familia y presionó a médicos y forenses para que modificaran sus informes clínicos.
El primer diagnóstico del Hospital Regional de Río Blanco indicó hemorragia por perforación del recto y fractura de cadera. La ginecóloga de la procuraduría veracruzana documentó lesiones consistentes con violación anal y desgarre de recto. Sin embargo, bajo presión gubernamental, casi todos los médicos se desdijeron de sus informes iniciales.
El único que mantuvo su versión fue el médico legista Pablo Mendizábal, quien elaboró el certificado de defunción estableciendo que la muerte fue causada por una traumática mecánica. A pesar de ser despedido, hasta la fecha sostiene su verdad.
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La estrategia para silenciar a la familia
Para evitar que la familia apelara el cierre del caso, el gobierno de Veracruz, a través de René Huerta, un operador del gobernador, planeó un viaje de descanso de 12 días para los familiares de Ernestina a la Ciudad de México y otros destinos. En ese tiempo, venció el plazo legal para interponer apelaciones. A su regreso, Huerta les ordenó llamar, amenazándolos con ir a la cárcel si hablaban del caso.
El Estado mexicano ahora niega cualquier relación con esta estrategia de silenciamiento, alegando que Huerta era un líder campesino y no un funcionario gubernamental. Sin embargo, la defensa de la familia demostró que actuó bajo órdenes directas del gobierno.
Negación del acceso a la información
El caso solo pudo reabrirse gracias a la nieta de Ernestina, quien se acercó a organizaciones de mujeres para solicitar el expediente del caso. A pesar de múltiples negativas, lograron que la Suprema Corte de Justicia ordenara la entrega de documentos. Sin embargo, la Procuraduría de Veracruz entregó documentos testados en su totalidad, ocultando información clave.
Un perito en acceso a la información, solicitado por la defensa, concluyó que el Estado mexicano violó gravemente el derecho a la información, al negar pruebas esenciales para el esclarecimiento del caso. Sin embargo, el gobierno se niega a reconocer esta violación, argumentando que la parte demandante no agotó todas las instancias.
Próximos pasos en la Corte Interamericana
La Coridh ha citado una nueva audiencia el 3 de marzo de 2025, donde ambas partes presentarán sus alegatos finales antes de que el tribunal dicte sentencia.
A pesar de la negativa del Estado mexicano a reconocer plenamente su responsabilidad, la defensa y organizaciones de derechos humanos esperan que la resolución de la Corte Interamericana obligue al gobierno a asumir su culpabilidad y reparar el daño causado a la familia de Ernestina Ascensión ya la sociedad mexicana.
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