Tribunal intercede ante ejidatarios admitiendo demanda contra el INAH por expropiación de zona arqueológica de Mayapán

TELCHAQUILLO, Yucatán.- El conflicto entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y los ejidatarios de Telchaquillo, Yucatán, sigue sin resolverse y ha escalado a nuevas instancias legales. Los ejidatarios mantienen cerrada la zona arqueológica de Mayapán desde hace más de un año, en protesta por los intentos del INAH de expropiar el sitio, que se encuentra en tierras comunales. Esta disputa llegó a un tribunal, cuando el Tribunal Unitario Agrario No. 34 admitió la demanda presentada por la comunidad ejidal contra Diego Prieto Hernández, director del INAH, y Ana Goycoolea Artis, titular del Centro INAH Yucatán.

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La demanda contra el INAH y la expropiación de Mayapán

En la denuncia presentada por los ejidatarios, se señala que el INAH ha presionado a la comunidad para que firme un acuerdo de ocupación previo a la expropiación del sitio arqueológico de Mayapán. Este lugar, considerado patrimonio cultural, se encuentra en tierras de la comunidad de Telchaquillo, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de los ejidatarios. A pesar de las reuniones y asambleas organizadas, los miembros de la comunidad continúan oponiéndose a la expropiación y a las acciones que, según ellos, buscan despojarles de sus tierras.

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El INAH y la solicitud de reporte de ingresos de Mayapán

Cabe destacar que en agosto pasado, los ejidatarios entregaron al INAH un acuerdo comunitario en el que solicitaban un reporte detallado de los ingresos generados por la zona arqueológica de Mayapán durante los 40 años en los que el INAH ha estado a cargo de su administración. Esta solicitud forma parte de las demandas de transparencia de los ejidatarios, quienes buscan esclarecer cómo se han manejado los recursos obtenidos de la zona durante las últimas décadas.

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Demandas contra el comisariado ejidal y asambleas ilegales

Además de la disputa con el INAH, los ejidatarios también han demandado al comisariado ejidal, Russel Gregorio García Ávila, por la realización de asambleas apócrifas y la presentación de documentación ilegal con el fin de facilitar la expropiación de Mayapán. La comunidad argumenta que estas acciones fueron llevadas a cabo en contra de la decisión tomada por la asamblea comunitaria y que no cuentan con el respaldo legítimo de la mayoría de los ejidatarios. En este contexto, se ha solicitado la nulidad de las actas de asambleas anteriores, las cuales consideran ilegales, y una nueva convocatoria para llevar a cabo una asamblea legal para la remoción del comisariado.

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