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SCJN va por invalidez de la Reforma Judicial: Corte aprueba legitimidad de PAN, PRI y MC para impugnar la Reforma

La decisión fue alcanzada por mayoría de ocho votos durante el debate sobre las demandas presentadas contra la reforma judicial.

SCJN va por invalidez de la Reforma Judicial: Corte aprueba legitimidad de PAN, PRI y MC para impugnar la Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión crucial que podría tener un impacto significativo en el ámbito político y legal de México. Este martes, el pleno de la SCJN determinó que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) tienen legitimidad jurídica para impugnar la reforma judicial mediante la acción de inconstitucionalidad.

¿Por qué surgió el tema de los partidos en el debate sobre la validez de la Reforma Judicial?

La decisión fue alcanzada por mayoría de ocho votos durante el debate sobre las demandas presentadas contra la reforma judicial. Esta reforma, promovida por el gobierno, ha generado controversia y ha sido objeto de críticas por parte de diversos actores políticos. Aún no se ha llegado al fondo del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, quien ha propuesto la invalidación parcial de la legislación.

La ministra presidenta Norma Piña Hernández en la sesión de la SCJN este 5 de noviembre del 2024. | Captura de pantalla

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Argumentos a favor de la legitimidad

Durante la discusión, el ministro González Alcántara defendió la legitimidad de los partidos políticos al señalar que cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 105, fracción segunda, inciso F, de la Constitución Federal. Este artículo permite a los partidos políticos debidamente registrados en el Instituto Nacional Electoral (INE) presentar acciones de inconstitucionalidad, siempre y cuando los representantes legales firmen las demandas.

Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá durante la sesión de la SCJN este 5 de noviembre del 2024. | Captura de pantalla

Ministra Loretta Ortiz Ahlf defiende validez de la Reforma Judicial: ¿Qué opina sobre la legitimidad de los partidos en materia judicial?

En contraste, la ministra Loretta Ortiz Ahlf argumentó que los partidos carecen de legitimación para promover acciones de este tipo contra las normas constitucionales.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf defendió la validez de la Reforma Judicial. | Captura de pantalla

Según su interpretación, “la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución permite acciones de inconstitucionalidad contra normas generales, no contra la Constitución misma”.

Además, hizo hincapié en que la reciente reforma en materia de supremacía constitucional, publicada el 31 de octubre, reafirma una prohibición que ya existía, excluyendo expresamente a la SCJN de esta competencia.

¿Cuáles son las implicaciones de validar la legitimidad de los partidos?

Esta resolución de la SCJN no solo valida la acción de los partidos, sino que también pone en relieve las tensiones existentes entre el poder judicial y el ejecutivo, así como la capacidad de los partidos políticos para desafiar reformas que consideran inconstitucionales.

El ministro prevée riesgos si la Reforma Judicial es declarada inválida y el Poder Ejecutivo (Claudia Sheinbaum) no acata la orden. | Crédito: El Universal (Yaretzy M. Osnaya)/Presidencia/Banco digital GH

¿Cuáles serían los próximos pasos que podrían tomar los partidos?

  1. Preparación de Argumentos: Los partidos deberán preparar sus argumentos para la fase siguiente del proceso judicial.
  2. Movilización Política: Se anticipa que esto genere una movilización política por parte de los partidos opositores al gobierno.
  3. Atención Mediática: El caso atraerá la atención mediática, lo que podría influir en la opinión pública y en futuras decisiones legislativas.

¿Qué significa esto para los ciudadanos?

La validación de la legitimidad de los partidos para impugnar la reforma judicial es un desarrollo significativo en la política mexicana. Esto puede implicar un mayor control y balance de poderes, así como una protección de los derechos constitucionales que podrían verse afectados por reformas judiciales.

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