Héctor Melesio Cuén Díaz es vinculado a proceso por negociaciones ilícitas cando era director de Bienes y Suministros de la UAS

CULIACÁN, Sinaloa.- Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del fallecido diputado federal electo Hector Melesio Cuén Ojeda, ha sido vinculado a proceso por un Juez de Control por el delito de negociaciones ilícitas, relacionadas con su gestión como funcionario de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante los años 2021 y 2022.

La Fiscalía General del Estado informó que, después de que la audiencia inicial fue pospuesta en 12 ocasiones a solicitud de la defensa del imputado, quien presentó justificaciones médicas, Héctor Melesio “C”, exdirector de Bienes y Suministros de la universidad, finalmente compareció ante el juez.

En el marco de la causa penal 857/2023, derivada del cuadernillo penal 1098/2023, el imputado fue vinculado a proceso, quedando en libertad bajo medidas cautelares que incluyen presentaciones mensuales, la prohibición de salir del país sin autorización judicial, y un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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Los cargos están relacionados con la adquisición de servicios de un restaurante-bar, operado por la sociedad mercantil Inmobiliaria Luis XV, S.A. de C.V., de la que forman parte el propio Héctor Melesio “N”, sus padres y hermanos. Este negocio, denominado Casa María, ubicado en Culiacán, facturaba consumos de alimentos a nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Legitimidad de las facturas

Durante 2021, la sociedad emitió 170 facturas por un monto total de $1 millón 274 mil 080.02 pesos, mientras que en 2022 se emitieron 428 facturas adicionales por un valor de $382 mil 299.50 pesos, sumando un total de 598 facturas por $1 millón 447 mil 671 de pesos.

Las investigaciones revelaron que una factura emitida en agosto de 2021, por un monto de $1 millón 145 mil pesos, fue cancelada en mayo de 2023, tras la publicación en medios de comunicación que puso en duda la legitimidad del gasto y la empresa beneficiada.

La autoridad judicial consideró sospechoso que la cancelación se realizara un año y ocho meses después de haberse emitido la factura, especialmente después de haberse pagado en efectivo.

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Consecuencias de emitir facturas falsas

Emitir una factura falsa es un delito que puede tener graves consecuencias legales, fiscales y penales, tanto en México como en otros países. Aquí te explico algunas de las posibles repercusiones para una persona que emite una factura falsa:

1. Consecuencias Fiscales:

Multas: La persona o empresa que emite facturas falsas puede ser sujeta a multas significativas. En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede imponer sanciones que van desde el 55% hasta el 75% del monto del comprobante fiscal.

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Pago de Impuestos Omitidos: Si las facturas falsas fueron utilizadas para deducir impuestos indebidamente, el contribuyente deberá pagar los impuestos omitidos más recargos y actualizaciones.

2. Consecuencias Penales:

Prisión: En México, la emisión de facturas falsas es considerada un delito de defraudación fiscal y puede conllevar penas de prisión. Dependiendo del monto involucrado, la pena puede variar de 3 meses a 9 años de cárcel.

Inhabilitación para Ejercer: Las personas involucradas en la emisión de facturas falsas pueden ser inhabilitadas para ejercer ciertos cargos o profesiones, especialmente si están en el ámbito financiero o contable.

3. Repercusiones Legales:

Procesos Judiciales: La emisión de facturas falsas puede dar lugar a procesos judiciales largos y costosos. La persona responsable podría enfrentarse a demandas civiles y penales.

Daño a la Reputación: Involucrarse en prácticas ilegales como la emisión de facturas falsas puede dañar gravemente la reputación de la persona o la empresa, afectando su credibilidad y relaciones comerciales.

4. Consecuencias Administrativas:

Cancelación del RFC: El SAT puede cancelar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona o empresa involucrada, lo que les impediría continuar con sus actividades económicas de manera legal.

Restricciones Financieras: Las personas o empresas que emiten facturas falsas pueden enfrentar restricciones para acceder a créditos bancarios y otros servicios financieros.