Rumbo a las 40 horas

Esta reforma para reducir la jornada laboral en México continúa tomando fuerza en el Congreso de la Unión, con respaldo de diversos sectores que coinciden en la necesidad de avanzar hacia condiciones de trabajo más humanas, sin embargo, también ha detonado un intenso debate sobre la forma y el ritmo con el que esta medida debe implementarse.

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece jornadas de seis días laborables por uno de descanso, sumando hasta 48 horas semanales; la reforma propone dos días de descanso obligatorios por cada cinco días trabajados, manteniendo las ocho horas diarias.

La iniciativa ya fue discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales, y su aprobación quedó pendiente para el próximo periodo legislativo.

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Buscando el equilibrio

El mayor respaldo para la iniciativa ha venido de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo representante en México, Mario López Roldán, calificó como urgente esta reforma, ya que México tiene uno de los peores indicadores de equilibrio entre vida y trabajo de los 38 países que integran el organismo.

Según datos de la organización, en este país es donde más se trabaja y menos se descansa, superando en promedio las 2 mil 128 horas anuales de trabajo por persona, cifra significativamente mayor a la media de la OCDE, que es de 1 mil 716 horas.

Esto se traduce en una sobrecarga laboral que impacta directamente en la salud física y emocional de los trabajadores, elevando el riesgo de enfermedades, desgaste mental, problemas familiares y menor satisfacción personal, destacó durante su participación en la “Gira nacional por las 40 horas”.

“La reducción de la jornada puede traer beneficios significativos: desde salud y bienestar emocional hasta mayor productividad y equidad. No tiene sentido crecer económicamente si esto no se traduce en mayor felicidad y salud para la población trabajadora”, subrayó.

Gradualidad y diálogo

Por su parte, diputados de diversos partidos políticos en el Congreso de la Unión han propuesto que la reforma se apruebe en el periodo de septiembre a diciembre de este año, pero con una implementación gradual en un plazo de dos años.

Los legisladores, durante su participación en los encuentros de dicha gira, han enfatizado en la necesidad de realizar pruebas piloto diferenciadas por tamaño de empresa, como se ha hecho en reformas anteriores.

“Muchas horas de trabajo no generan productividad, sólo estrés laboral. Hoy, el 75% de los trabajadores medianos reportan niveles altos de estrés, lo que genera ausentismo y baja eficiencia”, advirtió la legisladora Patricia Mercado, ya que este desgaste impacta directamente en la competitividad.

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Riesgos e incentivos

En un comunicado reciente, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) reiteró su respaldo al objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero advirtió sobre los riesgos de una implementación acelerada, especialmente para las Mipymes.

Desde este organismo, la propuesta es una ruta gradual, comenzando con sectores más formales, además de apoyos específicos como la reducción de cuotas patronales al IMSS e Infonavit, capacitación, automatización y acceso preferente a programas públicos de modernización.

Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno Federal para avanzar en paralelo en una política industrial fuerte y estímulos a la inversión, de modo que los derechos laborales avancen de la mano con la competitividad y el fortalecimiento del mercado interno.

No imponer: Coparmex

En su postura oficial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) coincidió en la importancia de modernizar las condiciones laborales, sin embargo, enfatizó que la reducción de la jornada debe surgir del diálogo y no de imposiciones unilaterales.

Coparmex reconoció los avances laborales recientes – aumento al salario mínimo, vacaciones dignas, reforma de subcontratación y pensiones-, pero alertó sobre el riesgo de retrocesos si se aprueba una medida de esta magnitud sin atender previamente los desafíos estructurales: alta informalidad, baja productividad y desigualdades regionales.

Entre sus propuestas destaca el establecer excepciones sectoriales cuando la operación lo amerite, hacer deducibles al 100% las prestaciones laborales, actualizar la tabla de subsidios al empleo (ISR) y diseñar un proceso de implementación gradual, flexible y con visión regional.