Congreso aprueba reforma que beneficia a adultos mayores y discapacitados

CIUDAD DE MÉXICO.- En un paso importante hacia la ampliación de los derechos sociales, la reforma que reduce la edad para recibir la pensión del bienestar a los 65 años fue declarada constitucional. La decisión fue tomada tras el cómputo de los votos favorables de la mayoría de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México. Esta reforma no solo asegura pensiones a personas mayores, sino que también extiende este beneficio a aquellos con discapacidad permanente menores de 65 años y garantiza apoyo a campesinos y pescadores.

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¿Qué implica la reforma sobre pensiones y discapacidad?

Con la nueva reforma, las personas a partir de los 65 años tienen derecho a recibir una pensión no contributiva, también conocida como pensión del bienestar. Esta medida tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que no cuentan con un ingreso seguro.

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Además, el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen la obligación de proporcionar pensiones a personas con discapacidad permanente, incluso si tienen menos de 65 años. La reforma también establece que el Estado debe garantizar su rehabilitación y habilitación, priorizando a los menores de 18 años, en los términos que defina la ley.

El Estado deberá destinar recursos presupuestarios suficientes y oportunos para garantizar estos derechos, asegurando que el monto asignado no se reduzca en términos reales respecto al ejercicio fiscal anterior”

—  explicó la diputada Julieta Villalpando Riquelme, secretaria de la Mesa Directiva

Compromiso con el campo y los pescadores

Otro de los aspectos relevantes de la reforma es el respaldo a los campesinos y pescadores. El artículo 27 establece que el Estado garantizará un jornal seguro y justo para los campesinos que trabajen sus tierras con árboles frutales y maderables. Además, se garantizarán fertilizantes gratuitos y apoyo anual a los pescadores de pequeña escala. Esta medida busca asegurar la estabilidad económica de quienes desempeñan estos oficios esenciales para el país.

Asimismo, la reforma mantiene los precios de garantía para productos básicos como el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero, lo cual busca proteger a los productores del campo frente a fluctuaciones de mercado.

El tiempo y los plazos para su implementación

El Congreso de la Unión tiene un plazo de 180 días naturales para aprobar las leyes o modificaciones necesarias para hacer efectivas estas reformas. Durante este período, también las legislaturas estatales deberán hacer las adecuaciones normativas correspondientes. Es importante destacar que las erogaciones derivadas del decreto se realizarán con los recursos presupuestarios aprobados por la Cámara de Diputados, sin autorización para ampliar el presupuesto de egresos.

¿Cómo se aprobó la reforma?

La reforma fue aprobada por 22 legislaturas estatales, entre ellas:

• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Colima
• Durango
• Hidalgo
• México
• Michoacán de Ocampo
• Morelos
• Nayarit
• Oaxaca
• Puebla
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Veracruz
• Yucatán
• Zacatecas
• Ciudad de México

Este respaldo mayoritario fue un gran paso para su declaración de constitucionalidad.

Durante una sesión presencial, la diputada Julieta Villalpando Riquelme destacó que la reforma busca blindar los programas sociales establecidos en la administración anterior, con un enfoque en mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población.

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¿Qué sigue para los beneficiarios?

Para las personas con discapacidad y los adultos mayores, esta reforma representa una mejora en su bienestar, garantizando no solo un apoyo económico, sino también acceso a programas de rehabilitación. Los campesinos y pescadores, por su parte, se beneficiarán de un mayor respaldo económico para seguir con sus labores productivas, lo que impactará directamente en la seguridad alimentaria y en la economía rural.

Esta reforma es una muestra del compromiso del gobierno con los sectores más vulnerables del país, asegurando que los derechos sociales sean un pilar fundamental para el desarrollo nacional.