¿Sabías que pagar en efectivo ciertas compras podría alertar al SAT? Conoce los límites

En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece límites claros en el uso de efectivo para ciertas transacciones, con el fin de prevenir el lavado de dinero y evitar conflictos fiscales. Incumplir estos límites puede resultar en serias sanciones legales y financieras, así que es importante conocerlos para evitar problemas.

¿Cuáles son los límites de efectivo en compras?

El SAT define montos máximos de efectivo que se pueden utilizar en la compra de bienes específicos. Estos montos se basan en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2024 es de $108.57 pesos. Estos son los principales límites:

• Compra de inmuebles: El tope es de 8,205 UMA, lo cual equivale a $871,274.25 pesos. Este límite aplica para la adquisición de casas, terrenos y otros bienes raíces.
• Compra de vehículos: El límite es de 3,210 UMA o $348,509.70 pesos. Este monto se aplica tanto para automóviles como para aviones y embarcaciones.
• Compra de joyería y artículos de lujo: Para relojes, metales preciosos y piedras preciosas, el máximo permitido es también de 3,210 UMA o $348,509.70 pesos.

Superar estos límites sin reportarlo al SAT puede activar alertas fiscales, y es obligatorio presentar una declaración y pagar los impuestos correspondientes para evitar sanciones.

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Límite de depósitos en efectivo

Además de las compras, la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (LIDE) establece un límite mensual de $15,000 pesos en depósitos en efectivo (en moneda nacional o extranjera) en cuentas dentro del sistema financiero mexicano. Superar este límite también podría generar revisiones por parte del SAT.

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¿Qué sanciones impone el SAT?

El incumplimiento de estas disposiciones puede resultar en multas económicas, auditorías exhaustivas y hasta procedimientos legales. Cuando se exceden los límites permitidos, es obligatorio declarar la transacción al SAT y pagar los impuestos correspondientes.

La omisión de esta obligación faculta al SAT para imponer sanciones que buscan asegurar la transparencia en el manejo del efectivo y evitar actividades ilícitas.